Desde que se conoció la sentencia, la postura de las navieras no ha trascendido, a excepción de Acciona-Trasmediterránea que estaba implicada junto a Iscomar y Baleària en el tráfico entre las Islas Baleares y la Península. Acciona ya avanzó a través de su presidente que tenía previsto recurrir la sentencia mientras que Iscomar, que operó durante un par de veranos entre la Península y Formentera en plena temporada estival, se encuentra en concurso de acreedores.
Por otro lado Balearia ha informado que “está estudiando con detenimiento el contenido de la sentencia y sólo cuando disponga de un conocimiento profundo de la misma, decidirá cuáles son los pasos a seguir”.
Trasmapi, por su parte, ha anunciado que recurrirá la multa y desde la naviera se asegura que "la sanción es a todas luces abusiva". La imposición de las sanciones por parte de la CNC podría suponer un grave perjuicio para mantener la viabilidad de alguna de estas empresas.
Por su parte la CNC esgrime que hubo pactos de precios, servicios, frecuencias y de mercado según la cuotas de clientes en cada periodo.
Tras llevar a cabo las inspecciones en las sedes de Trasmediterránea y de Balearia en mayo de 2011, la Dirección de Investigación de la CNC decidió abrir un expediente sancionador contra Balearia Eurolíneas Maritimas, Compañía Trasmediterránea, e Isleña Marítima de Contenedores, por posibles conductas anticompetitivas. Posteriormente se amplió la incoación a las empresas Sercomisa y Mediterránea Pitiusa, así como a la comunidad de bienes Trasmapi-Balearia.
Las distintas multas que resolvió imponer la CNC contra las navieras son: 36.110.800 euros a la Compañía Trasmediterránea, 15.945.484 euros a Balearia Eurolíneas Marítimas, 495.826 euros a Isleña Marítima de Contenedores, 1.155.205 euros a Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas y 402.453 euros a Mediterránea Pitiusa.