Antes de que finalice octubre de 2018, se presentará el ERE, que no se retirará a menos que surja un inversor durante su tramitación.
Un año después de entrar en concurso de acreedores, La Naval sigue sin encontrar un inversor y su sociedad propietaria se ha visto obligada a pedir la apertura del proceso de liquidación. Tras informar de la situación al comité de empresa, solicitará en breve el inicio de un ERE de extinción para toda la plantilla, que suma 177 trabajadores.
El armador holandés Van Oord, que había encargado al astillero la construcción de la draga Alexia, había puesto como condición para seguir adelante la presencia de un inversor de garantías, pero ni las autoridades ni las entidades bancarias han prestado finalmente su apoyo a la instalación.
Así, antes de que finalice octubre de 2018 se presentará el ERE, que no se retirará a menos que surja un inversor durante su tramitación. Desde el comité, ya han empezado a movilizarse en contra de esta decisión reclamando alguna solución que garantice la viabilidad del astillero y de las empresas auxiliares.
Adquisición público-privada
A su vez, el Parlamento Vasco ha instado a la administración autonómica a elaborar un informe para respaldar una adquisición público-privada de los activos de La Naval, garantizando su continuidad. De hecho, insta al gobierno vasco a poner todos los medios a su alcance, incluyendo la inversión directa, para evitar el cierre.
Desde el comité insisten en que "la margen izquierda viene siendo castigada por decisiones políticas injustas durante décadas" y se han referido a la opción firmada por unos 150 trabajadores que les garantiza un puesto en alguna sociedad pública, lo que para ellos supone claramente el cierre del astillero.
No obstante, el administrador concursal ha explicado que hay un número reducido de inversores interesados, que han puesto como condición la salida previa de la plantilla actual.