Conseguir la descarbonización del transporte de carga por carretera es fundamental para alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Sin embargo, la transición a una flota de vehículos cero emisiones exige no solo una sólida demanda, sino la aplicación de los instrumentos legales adecuados para acelerar el despliegue de las nuevas tecnologías.
El Consejo Internacional de Transporte Limpio, ICCT, ha realizado un análisis del coste total de propiedad, TCO, de las tractoras eléctricas de batería en varios países europeos, comparando su rendimiento económico con las tractoras diésel, para determinar en qué año se logrará la paridad.
En concreto, en España el coste total de propiedad de los camiones eléctricos para larga distancia será el mismo que el de los diésel a mediados de esta década, concretamente en 2026, sin necesidad de introducir nuevas políticas públicas.
La reducción continua del coste de las baterías y la mejora de la densidad energética contribuirán a reducir el TCO, de los camiones eléctricos, que se benefician también de los menores costes de mantenimiento que los diésel.
Es importante apuntar que incluso si los precios del combustible disminuyen y aumentan los de la electricidad, la paridad se alcanzaría entre 2025 y 2030. No obstante, sí es cierto que
los precios del diésel en España se encuentran entre los más bajos de Europa, lo que tiene una considerable influencia en este aspecto.
Por su parte, las ayudas por la compra de camiones eléctricos tienen una repercusión aún pequeña en el coste total de propiedad de los mismos, al estar limitadas a 15.000 euros por unidad. A ello se añaden medidas como la exención de peajes o las tasas en los peajes en función de las emisiones de CO2, que pueden contribuir a eliminar la brecha entre camiones eléctricos y diésel.
Euroviñeta y ayudas
A la vista de este análisis, desde ICCT recomiendan implementar la próxima revisión de la Directiva de la Euroviñeta en la legislación nacional, pues el cargo por emisión de CO2, que oscila entre 8 y 16 céntimos por kilómetro, sumado a la reducción parcial propuesta del 75% de los peajes para camiones eléctricos, puede resultar muy eficaz.
También se debería ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para incluir las emisiones del sector del transporte. Hasta ahora, Alemania es el único Estado Miembro que impone precios al carbono para el transporte, con un total de 25 euros por tonelada de CO2 equivalente en 2021, que aumentará a 55 en 2025.
Se calcula que la aplicación de este precio del carbono en España haría que los camiones eléctricos y diésel alcanzaran la paridad de costes en la primera mitad de esta década. Sin embargo, en lo que respecta a las ayudas para la compra, deberían limitarse en duración y alcance, puesto que no son fiscalmente sostenibles a largo plazo.
En cualquier caso, el importe de la subvención debería reducirse a medida que disminuya el coste de producción de los camiones eléctricos. Por ello, se recomienda incluir condiciones necesarias para obtener esas subvenciones, como la autonomía eléctrica y el consumo de energía, que pueden ayudar a diferenciar el rendimiento de los vehículos y asignar las subvenciones eficazmente.
