El Congreso de los Diputados ha cerrado definitivamente esta misma semana el plazo para presentar enmiendas al proyecto, tras haberlo ampliado en al menos siete ocasiones.
De esta manera, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ya está disponible desde este 30 de marzo para que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana emita su informesobre la norma después de que a medidos del pasado mes de diciembre se aprobara en Consejo de Ministros y de que el pasado 24 de enero la Cámara Baja iniciara su tramitación por el procedimiento de urgencia.
El Gobierno tenía intención de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible durante el primer trimestre de 2023, algo que ya no será posible. Además, se acera el período electoral que abrirán las elecciones autonómicas y municipales de mayo y, después, las generales.
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a los retosque plantean la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
En este sentido, el proyecto normativo establece, según el Gobierno, un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en el país, sustentándose en cuatro pilares, como son el reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar, una movilidad limpia y saludable, con un sistema digital e innovador y que permita invertir mejor al servicio de la ciudadanía.
Para ello, la Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenibleque facilitará la coordinación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible.
La futura norma también contempla que las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbonoy comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.
Servicio ‘social’ indispensable
En el ámbito de las mercancías, la Ley reconoce su transporte como un servicio indispensable para la sociedad, tal y como se puso de manifiesto durante la crisis sanitaria, debido a su relevancia en el sostenimiento de la actividad económica.
En este ámbito, la regulación apoyará también la actuación de otras administraciones mediante la publicación de directrices, guías y documentos de buenas prácticas.
Así mismo, la norma también plantea la internalización de los costes externos del transporte por carreterabajo los principios de “cobro por usuario pagador” y “quien contamina paga”, señalando que este sistema de financiación solo sería viable si se logra un amplio consenso social y político.
