El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha notificado recientemente el extravío de todo el expediente judicial a las partes personadas en el proceso promovido por el Comité Nacional de Transporte por Carretera contra los desvíos obligatorios de los camiones a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.
En el auto judicial, insta a las asociaciones que lo integran y a la Administración autonómica a aportar de nuevo toda la documentación presentada y las pruebas realizadas a lo largo de estos dos años, para proceder a su reconstrucción.
Esto ha impedido poder dictar sentencia en la fecha señalada, que era el 12 de enero. El fallo judicial previsiblemente no se obtendrá antes de que ambas autopistas queden liberalizadas de pago, en septiembre.
Como se recordará, el desvío obligatorio fue puesto en marcha en septiembre de 2018 a partir de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña que establecía la prohibición de circulación por la N-340 y N-240 a los más de 4.000 camiones que las utilizaban a diario, y el desvío obligatorio a la AP-7 y AP-2.
Frente a ello, Fenadismer y el resto de asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera recurrieron judicialmente la medida, pues se estableció su obligatoriedad sólo para los camiones, mientras que era voluntaria para otros vehículos.
También reclamaron el reducido importe de la bonificación, así como la atribución “injusta” y “populista” de la siniestralidad en las carreteras al sector, pues los vehículos de transporte de mercancías son los únicos que han visto reducir su siniestralidad en los últimos años.
En la práctica, el nuevo retraso hasta que se dicte la sentencia, unido a la liberalización de las dos autopistas de peaje, hará que los efectos sean meramente testimoniales, sin apenas consecuencias reales en el caso de que fuera estimado el recurso.
