El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido admitir a trámiteel recurso contencioso-administrativo que ha presentado Uno para suspender la tasa que grava las entregas de comercio electrónico de los operadores postales en la ciudad de Barcelona para estudiar en profundidad las alegaciones presentadas.
Sin embargo, al mismo tiempo, el órgano judicial ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por la patronal, dado que la tasa tiene de plazo para abonarse hasta el 31 de julio de 2024.
Uno considera que la norma aprobada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal "contraviene principios constitucionales básicos", así como que este tributo "debe considerarse como una doble imposición al sumarse la nueva tasa a la ya existente por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública".
De igual manera, la organización empresarial también alega que el tributo municipal supone una "vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación".
Tasa a los grandes operadores
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó a finales del pasado mes de febrero una ordenanza municipal definitivaque regula la tasa de reparto de comercio electrónico con la que pretende regular el uso del espacio público que realizan estas empresas.
Con este impuesto se pretende hacer frente al gran incremento de la entrega de paquetesenviados a través de grandes operadoras postales de comercio electrónico que, a juicio del consistorio barcelonés, incide negativamente en la congestión del tráfico y el incremento de la contaminación, al tiempo que supone un desequilibrio de la competencia con el comercio de proximidad.
La nueva regulación se dirige a las grandes operadoras postales de comercio electrónico que desarrollan una actividad masiva en la ciudad y que tengan unos ingresos brutos de más de un millón de euros obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona.
