En la IRU consideran que es casi imposible evaluar el cumplimiento de esta normativa en la carretera.
La Unión Internacional del Transporte por Carretera, IRU, ha valorado la propuesta de la Comisión Europea de desarrollar una normativa específica para el transporte por carretera en lugar de aplicar la Directiva de Trabajadores Desplazados, que no tiene en cuenta la elevada movilidad de estas operaciones.
De este modo, la Comisión, el Parlamento Europeo y los diferentes Estados Miembros podrán discutir sobre la conveniencia de incluir a este sector en la regulación general y en ese caso, sobre qué tipo de servicios podrían ajustarse a la normativa.
No obstante, en la Unión se muestran preocupados por la decisión de seguir aplicando esta legislación al transporte por carreterahasta que no se hayan aprobado nuevas normas específicas, una inquietud que comparte la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Astic.
[sumario]La aplicación de la normativa podría contribuir a la fragmentación del mercado y el incremento de la subcontratación.[/sumario]
Su implementación en varios países ha demostrado que supone una mayor carga administrativa y que no existe suficiente información sobre cómo se deben aplicar estas reglas a los conductores cuando están fuera de su país.
Por ello, reclaman una solución para ambos problemas y alertan de que podría aumentar el número de autónomos y falsos autónomos en el sector, con la consecuente fragmentación del mercado y el incremento de la subcontratación.
Tampoco está claro cómo afectará la Directiva de Trabajadores Desplazados a las compañías que tienen su sede en terceros países ni qué obligaciones tendrán. En este sentido, los operadores de la Unión Europea podrían encontrarse en una posición de desventaja al aplicarse la normativa.
Desde Astic, recuerdan que los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, hasta cuatro fronterasde países europeos, por que "carece de lógica aplicar una normativa que está diseñada para trabajadores que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años" en un Estado distinto al de origen.
Problemas derivados de la aplicación de la normativa
Por otro lado, los requisitos administrativos que se exigen se han tomado directamente de la Directiva 2014/67/EU, con lo que no tienen en cuenta la situación actual de algunos Estados Miembrosque ya han adoptado medidas a nivel nacional en este ámbito.
De hecho, exponen al conductor y al operador de transporte a un alto riesgo de cometer errores, que pueden conllevar duras sanciones. Debería evitarse que la aplicación de esta regulación al sector se convierta en una barrera al propio funcionamiento del mercado interno de la Unión Europea.
[sumario]Los operadores no cuentan con la información necesaria sobre los términos y condiciones en que los países de la UE están aplicando la normativa de desplazamiento de trabajadores.[/sumario]
Del mismo modo, en la IRU consideran que la legislación específica a desarrollar debería incidir en las soluciones digitales que pueden reducir las cargas administrativas, como la Iniciativa para el Registro Electrónico en el Transporte por Carretera, Erru.
En esta línea, conviene señalar que los operadores no cuentan con la información necesaria sobre los términos y condiciones en que los países de la UE están aplicando la normativa de desplazamiento de trabajadores, con lo que resulta muy difícil hacer una estimación de costes.
Asimismo, desde la Unión aseguran que es casi imposible evaluar el cumplimiento de esta legislación en la carretera, por lo que los controles deberían priorizar cuestiones de seguridad, como el tiempo de conducción y descanso o las condiciones técnicas de los vehículos. El análisis de cuestiones laborales los alargaría demasiado, por lo que deberían llevarse a cabo en la compañía o con equipos especializados.