CCOO defenderá el servicio postal, su viabilidad empresarial y la recuperación del empleo para Correos.
Recientemente se conocía que la Comisión Europea estaba estudiando si la financiación pública que España concedió a Correos entre 2004 y 2010 está en línea con las normas europeasen materia de ayudas de Estado o bien ha supuesto una compensación “excesiva” por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal.
La Comisión examinará, en particular, si la financiación pública que España concedió a Correos entre 2004 y 2010 ha supuesto una compensación excesiva a la empresa por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de medidas han creado una ventaja indebida, vulnerando las normas sobre ayudas de Estado.
Sin embargo, desde CCOO se asegura que han sido los lobbies de presión privados los que "interesadamente" han utilizado una noticia que "lo único que hace es comunicarnos a todos que la Comisión está llevando a cabo un puro trámite administrativo sin mayores consecuencias".
En concreto, CCOO afirma que al sector privado "siempre le ha incomodado" que el Estado, con financiación pública, garantice que el correo pueda llegar a todos los ciudadanos a un precio asequible. "Por eso, ya fueron a Bruselas en el 2014" a denunciar presuntas ayudas ilegales que ascendía a 3.500 millones de euros desde 1998.
"Fragilidad" de Correos
Por el contrario, el sindicato ha recordado, entre otros asuntos, la "fragilidad" de Correos en relación a los operadores postales de la Unión Europea."Es la empresa con menos diversificación", ya que los ingresos en paquetería suponen un 10% y un 1% los servicios financieros, y "con menos extensión del servicio público y subvención, donde los privados tienen mayor cuota de mercado".
De esta forma, CCOO continuará defendiendo el Servicio Postal Universal y exigirá su ampliación "puesto que sigue siendo el más exiguo de nuestro entorno europeo". Compara los 500 millones de euros que recibe Francia o los 200 millones de euros al correo público belga frente a los 178 millones de euros de España.
La organización hará todos los esfuerzos, una vez se constituya el Gobierno, por introducir en su agenda, y en la de todos los grupos parlamentarios, la "firme defensa del servicio postal público, su viabilidad empresarial y la recuperación del empleo, el salario y los derechos de los trabajadores".