La fiscalía cree que la UTE ya tenía preparado el modificado del proyecto antes de iniciar las obras.
La Autoridad Portuaria de Gijón modificó el proyecto de ampliación del puerto antes de que venciera el plazo para presentar ofertas, según recoge el diario La Nueva España, que ha indicado que la UTE Dique Torres, que se adjudicó el proyecto, debería haber sido excluida.
Así lo atestigua el informe pericial encargado por la Audiencia Nacional a la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, sobre el expediente de contratación de la obra, que establece que su oferta era irrealizable por no incluir morros de invernada.
Tampoco cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos administrativos de la licitación, que exigían a los licitadores aportar una póliza de seguro. Sin embargo, la valoración de ofertas favoreció a esta UTE, de la que formaba parte Dragados, frente a la encabezada por Ferrovial.
Según el documento, la consultora Sener, que realizó el proyecto, lo envió el 24 de junio de 2004 al puerto y se aprobó el 15 de julio, apareciendo la licitación en el BOE el 22 de julio. No obstante, el 6 de septiembre la consultora envió al puerto el proyecto con modificaciones en varios anexos. Conviene recordar que el plazo para presentar ofertas concluía el 5 de octubre.
El informe también apunta otras supuestas irregularidades como el hecho de que figure la firma de la gerente de la adjudicataria en los pliegos técnicos elaborados en mayo de 2004, dos meses antes de la licitación de la obra.
Asimismo, se ha investigado que fue la Autoridad Portuaria y no Dique Torres quien pagó estudios y ensayos sobre el proyecto modificado, ambos contratados con la Universidad de Granada.
Incrementos en los precios de la obra
Por otro lado, la IGAE ha recordado que el puerto decidió en diciembre de 2007 continuar con las actuaciones pese a haber recibido un informe de Fomento que les instaba parar los trabajos, al constatar que había acordado con la UTE varios incrementos en los precios de las unidades de obra.
Este informe se suma a otros documentos incluidos en el sumario del caso Musel, como las actas del comité de gerencia de la UTE, en las que se aprecia que la adjudicataria comenzó a rehacer el proyecto de ampliación antes de iniciar las obras.
A juicio de la fiscalía, esto pone de maniesto que la propuesta técnica que presentó carecía de consistencia y ya contaba con un modificado del proyecto, incrementando su presupuesto, antes de empezar los trabajos.
La Autoridad Portuaria de Gijón aún no ha realizado valoraciones de lo sucedido, pero ha pospuesto, aún sin fecha, la próxima reunión de su Consejo de Administración, que había convocado para el 2 de marzo.