Este pasado martes 17 de junio, los diputados franceses han iniciado el debate sobre la reforma del sector ferroviario en un ambiente enrarecido por una huelga de trenes que ha alcanzado su séptimo día consecutivo y que comienza a dar ciertas muestras de radicalización, aunque las cifras de participantes disminuyan progresivamente.
De acuerdo con la compañía ferroviaria SNCF, la tasa de huelguistas ha bajado, el lunes hasta un 14,08%, frente al 17,49% del pasado viernes y al 27,84% el primer día de la protesta. Además, anunció para el martes una "mejora notable" en su programa de trenes, tanto en el servicio de cercanías, como en los regionales y en los de alta velocidad.
En un comunicado, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) ha precisado que en las líneas de largo recorrido, entre las más afectadas por la protesta estarán las que conectan con España, en donde sólo se ha mantenido uno de cada tres convoyes, y con Italia, con uno de cada dos.
Por lo que respecta a los trenes de alta velocidad, TGV, con recorrido dentro del territorio francés, han funcionado según los trayectos entre un 40% y dos tercios del total.
No se ha producido ninguna suspensión en los trenes Eurostar que conectan con Londres, ni en los Thalys que van a Bélgica, Holanda y el norte de Alemania. En los regionales, se han suspendido el 60 % de los servicios y la mitad de media en las líneas de cercanías de París.
Por otro lado, la SNCF ha cifrado en más de 100 millones de euros las pérdidas que acumula la empresa a causa de este paro, convocado por dos centrales sindicales, la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), con un 35% en las elecciones de marzo, y Sud Rail, con un 17%.
Más de la mitad de ese dinero es lo que la compañía ha dejado de ingresar por los trenes que no circulan, a lo que hay que añadir indemnizaciones y rebajas en los abonos a los usuarios habituales para compensar las perturbaciones.
Origen de las protestas
Los organizadores de la huelga exigen la retirada del proyecto de ley cuyo trámite se ha iniciado ya en la cámara de diputados, y a la que el Gobierno ha reiterado que no dará marcha atrás, por boca del primer ministro, Manuel Valls.
La CGT y Sud Rail consideran que la fusión prevista en ese proyecto de ley de la SNCF con el gestor de infraestructuras RFF no es suficiente para dar garantías a los trabajadores sobre el mantenimiento de su estatuto de cara a lo que temen en particular, la apertura del sector a la competencia.
En el texto se prevé formalizar esa fusión a partir de una triple estructura: una entidad SNCF que gestionará el conjunto y luego una filial dedicada a la infraestructura y otra consagrada a la explotación de los trenes. El objetivo de ese montaje es impedir que se siga inflando la deuda de los dos organismos estatales que subsisten hoy, y que representa 44.000 millones de euros.