La Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad podría aprobarse definitivamente en el primer trimestre de 2019.
Mientras Fomento entretiene al transporte a cuenta de las doce medidas propuestas para evitar movilizaciones en enero, el sector de la gran distribución lleva a cabo una discreta labor de lobby amparado en su potencia económica y en su tremenda capacidad de negociación para mantener, e incluso alargar, los períodos de pago a proveedores.
De nada parece servir la súplica de las empresas de transporte para que se articule legalmente un plazo de pago riguroso y que se derogue en la Ley de Contrato de Transporte el pacto en contrario para los plazos de pago de los servicios de transporte.
Precisamente ha sido el propio PSOE el que ha introducido, según informa Cinco Días, una enmienda transaccional en la Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, en las operaciones comerciales que actualmente se negocia en el Congreso de los Diputados.
Lo que se pretende es que las empresas de gran distribución puedan incorporar en los contratos con sus proveedores de cualquier tipo, incluso de productos frescos y perecederos, cláusulas para retrasar el pago hasta los 90 o los 120 días, según el texto que finalmente se apruebe si prospera la enmienda, frente al máximo legal propuesto inicialmente de 60 días, siempre que se introduzca una compensación.
Se espera que esta nueva norma esté definitivamente aprobada a lo largo del primer trimestre del año próximo, aunque habrá que ver si finalmente se introduce alguna excepción en la regulación de los pagos de los servicios de transporte, aunque parece, a priori, algo poco probable.