El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, ha pedido públicamente este pasado jueves la gestión directa de puerto, aeropuerto y Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Según Aragonés es imprescindible que "instituciones clave para la competitividad económica de nuestro país se gestionen desde el territorio", con el argumento de que "la gestión de proximidad es la que nos hará ser más competitivos".
De este modo, las instituciones catalanas vuelven sobre una de sus peticiones más recurrentes de los últimos años y continúan la línea que también existe en el País Vasco, en la búsqueda de un sistema portuario descentralizado, o fragmentado, según se mire, que, sin embargo, podría tener efectos perniciosos sobre los puertos más pequeños.
Por otra parte, en el ámbito aeroportuario está pendiente la ampliación del aeropuerto de Barcelona, para la que, caso de no concretarse, la Generalitat dice "tener alternativas ya preparadas".
Esta petición se produce en un ámbito de federalismo de la estructura administrativa por la vía de los hechos consumados y en momento de gran debilidad política del Gobierno centraly con una fuerte división política en Cataluña, en la que el independentismo sigue apostando por un referendum de autodeterminación y la amnistía para los responsables de la efímera declaración unilateral de independencia en 2017, medidas ambas de difícil encaje constitucional.
