La Unión Europea no tomará una decisión definitiva hasta el próximo otoño en el caso de las irregularidades contempladas en la obra de ampliación de El Musel, denunciadas por la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf) y actualmente investigadas por la Audiencia Nacional, según los datos manejados por la Dirección General de Política Regional (DG Regio) que recoge La Nueva España.
Como organismo que gestiona el Fondo de Cohesión con el que se subvencionó la obra en el puerto de Gijón, ha correspondido a la DG Regio la propuesta para revocar los 247,5 millones de euros que se concedieron, a instancias de la Olaf, que observó posibles irregularidades en el proceso de contratación.
En este contexto, el hecho de que la decisión se aplace ahora hasta los próximos meses es comprensible debido al análisis a realizar sobre las respuestas emitidas por el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Portuaria de Gijón, organismo desde el que no sólo defienden que las interpretaciones presentadas por Olaf no se corresponden con la realidad, por lo que no cabe devolver dicha cantidad, si no que solicitan los 49,5 millones de euros que faltan por abonar de la subvención concedida.
Por otro lado, antes de tomar una decisión definitiva, Bruselas mantendrá una reunión preparatoria entre técnicos comunitarios y españoles, que servirá de preámbulo a las reuniones a mantener con los representantes comunitarios para que estos soliciten aclaraciones.
Esta, a su vez, no podrá ser convocada antes de estudiar los documentos remitidos por los organismos españoles, que en el caso del puerto de Gijón asciende a 585 páginas. Además, en caso de que finalmente se establezca la obligatoriedad de devolver la subvención, España aún podrá presentar recurso ante los tribunales de justicia europeos.