La Comisión Europea evalúa la cuantía final de las ayudas a El Musel

El informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude aconseja "recuperar" los 198 millones hasta ahora abonados en concepto de subvenciones concedidas para la ampliación del puerto de Gijón.

03/04/2014 a las 11:46 h

Los servicios de la Comisión Europea están analizando la información proporcionada por las autoridades españolas para el cierre del proyecto de ampliación del puerto de Gijón, junto con el informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude (Olaf), y están preparando una carta de cierre, según ha publicado el diario El Comercio.

De esta manera informaban el pasado lunes 1 de abril fuentes de la representación en España de la Comisión respecto al estado actual de la tramitación del expediente relativo a la subvención concedida a la obra de ampliación de El Musel por un montante total de 247,5 millones, de los que ya han sido abonados 198 millones.

Aún así, las expectativas no prometen mucho debido a que la Olaf recomienda la recuperación de las cantidades abonadas, ya que considera que la Autoridad Portuaria de Gijón ha cometido irregularidades tanto en la adjudicación de los trabajos como en la aportación de algunos registros contables que considera imprescindibles para efectuar un control adecuado de los pagos.

En todo caso, las citadas fuentes de la CE indicaron que una vez enviada la propuesta de cierre, las autoridades españolas tendrán dos meses para aceptarla, incluyendo cualquier corrección financiera propuesta por la Comisión. Si la rechazaran se empezaría un procedimiento que consistiría en un intercambio de puntos de vista en una audiencia”.

En el caso de que continúe el desacuerdo, la Comisión adoptaría una decisión para aplicar, o no, la hipotética corrección financiera.

Versiones coincidentes

La versión de la Comisión Europea coincide con la facilitada el pasado lunes 1 por el Ministerio de Hacienda de España, que es el competente en todo lo referido a tramitación de fondos europeos y, por lo tanto, el destinatario primero del informe de la Olaf.

Sin embargo, fuentes del propio Ministerio han negado que la Comisión Europea haya pedido a España la devolución de la subvención asignada a El Musel, aunque consideraron previsible que esta posibilidad ocurra finalmente tras el informe negativo de la Olaf.

Estamos ante un procedimiento muy largo”, indicaron las fuentes del Ministerio de Hacienda, de forma que, si la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea decide finalmente retirar toda o parte de la subvención concedida, “contactaremos con el puerto de Gijón para que presente sus alegaciones a los argumentos que presente la Comisión y, junto con la Abogacía del Estado, ver si procede o no devolver la cantidad que se reclame”. 

La alternativa, en caso de disconformidad, serían también las instancias judiciales, ya sea para intentar evitar la devolución de lo recibido o para conseguir el pago del 20% del total inicialmente concedido que permanece sin abonar.

El informe de la Olaf fue facilitado por el Ministerio de Hacienda al Organismo Público Puertos del Estado, como entidad directamente afectada, que anunció que el informe de la Olaf está siendo estudiado ya por sus servicios jurídicos.

Aún así, la expectativa de tener que financiar sin ayuda europea las obras de ampliación de El Musel, aunque no sea de manera inmediata, ha provocado una gran preocupación.

Reacciones

Entre las reacciones públicas a la información ha habido opiniones encontradas, conmuestras de alegría entre los denunciantes y preocupación en el ámbito político.

Así, desde el Gobierno regional, la consejera de Fomento, Belén Fernández, ha pedido “cautela” al tiempo que afirmaba que, a la espera de conocer el contenido del informe de la Olaf, “no estamos hablando de una decisión, de un acto ejecutivo o una resolución, sino de un informe, que suponemos que hará recomendaciones”.

Por su parte, desde EquoAsturias, que denunció en su día posibles irregularidades, se ha indicado que solicitarán la apertura de un procedimiento penal en España si no se abre de oficio, y la consecuente depuración de responsabilidades de los cargos políticos implicados.

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