La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las normas relativas a la contratación de trabajadores en varios puertos españoles.
"Actualmente, las empresas estibadoras en estos puertos no están autorizadas a recurrir al mercado para contratar a su personal", asegura la Comisión en un comunicado. En su opinión, las normas vigentes obligan a estas empresas a participar financieramente en el capital de empresas privadas, que a su vez les facilitan la mano de obra necesaria.
Las empresas estibadoras solo pueden recurrir libremente al mercado para contratar personal si la mano de obra propuesta por esas empresas privadas es inadecuada o insuficiente. La Comisión considera que los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en puertos españoles podrían no hacerlo a causa de estas prácticas laborales restrictivas.
La comisión recuerda que el Tratado fundacional de la UE se opone a cualquier disposición nacional que, aunque no sea discriminatoria por razones de nacionalidad, obstaculiza o hace menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento.
Las empresas estibadoras, insiste la Comisión, "solo pueden quedar exentas de esta obligación en casos muy limitados. Además, la empresa tiene que recurrir a los trabajadores contratados y ofrecidos por la SAGEP".
Únicamente si los estibadores ofrecidos por la SAGEP son insuficientes o inadecuados, las empresas estibadoras pueden contratar libremente trabajadores en el mercado, pero solo para un turno de trabajo. "Esto altera forzosamente las estructuras de empleo y las políticas de contratación de las empresas y, en última instancia, de las estrategias empresariales", concluye el organismo europeo.