El pasado 27 de marzo, la Comisión Europea ha propuesto eliminar algunas de las restricciones de inversión que se aplican a los fondos de pensiones complementarias con el fin de darles más libertad para financiar proyectos con un perfil a largo plazo como infraestructuras.
Esta es la única medida concreta, que se ha incluído en el paquete presentado por Bruselas para responder a las necesidades de financiación a largo plazo de la economía europea. Sólo para financiar las redes prioritarias de la UE de transporte, energía y telecomunicaciones se requiere un billón de euros de aquí a 2020, según ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, que defiende que la economía de la UE debe reducir su dependencia de la financiación bancaria y buscar otros canales.
La propuesta legislativa sobre los fondos de pensiones profesionales, que debe ser aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, ya en la próxima legislatura, pretende también contribuir a aumentar esta inversión a largo plazo. Estos fondos gestionan activos por valor de más de 2,5 billones de euros a largo plazo, y 75 millones de europeos dependen en gran medida de ellos para su pensión de jubilación, según Bruselas.
Además de eliminar las restricciones para que puedan invertir en infraestructuras u otros productos de más riesgo como créditos sin cualificación, el Ejecutivo comunitario plantea mejorar la transparencia y gobernanza de estos fondos y eliminar los obstáculos a su actividad transfronteriza.
Vigilar el crowdfunding
Aparte de esta propuesta, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa una serie de ideas para aumentar la inversión a largo plazo, pero sin plasmación legislativa de momento. En primer lugar, Bruselas quiere impulsar el mercado de financiación colectiva, o 'crowdfunding', aunque renuncia a regular el sector y se limitará a vigilar la evolución de estos mercados, promover las mejores prácticas del sector y facilitar el desarrollo de un sello de calidad.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario plantea además facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales y a fondos de inversión creando un mercado secundario líquido y transparente para los bonos empresariales, reactivando los mercados de la titulización y mejorando el entorno de la UE para los bonos garantizados y la colocación privada.
Finalmente, Bruselas propone reforzar el papel de los bancos públicos, tanto a escala de la UE con el Banco Europeo de Inversiones como a escala nacional con el ICO en el caso de España, así como estudiar la viabilidad de una cuenta de ahorro de la UE con ventajas específicas y dirigir el dinero a financiar inversiones a largo plazo.