Las organizaciones sindicales creen que la "escasez de recursos" ha sido causada deliberadamente.
El Canal de Panamá ha duplicado en cantidad y capacidad su flota de remolcadores. Así lo ha segurado la Autoridad del Canal, ACP, que ha querido desmentir las denuncias realizadas por la Unión de Prácticos del Canal, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta y la Unión de Ingenieros Marinos, sobre la privatización de los servicios de remolcadores.
Las tres organizaciones sindicales han denunciado públicamente que tras seis años advirtiendo a los responsables de la infraestructura sobre el número de remolcadores necesarios para operar eficientemente en el Canal ampliado, no se han adquirido las nuevas unidades, ni se ha contratado a más trabajadores para llevar a cabo operativas seguras y rentables.
Asimismo, afirman que la ACP apenas puede hacer frente a la demanda existente, y no puede ofrecer a los clientes un mayor número de reservas por no contar con suficientes remolcadores.
De hecho, creen que la "escasez de recursos" ha sido causada deliberadamente para que a través de una modificación del Reglamento de Navegación en Aguas del Canal, se permita la utilización de remolcadores comerciales, que no cuentan con personal formado por la Autoridad Portuaria, lo que supondría, según ellos, "privatizar" una parte importante de los servicios.
Denuncias "falsas y sin sustento"
Por su parte, desde el Canal de Panamá alegan que este tipo de denuncias son "falsas y sin sustento", ya que no entra en sus planes la privatización y su propuesta de modificación de la normativa solamente busca regular la contratación eventual de remolcadores comerciales, que se lleva a cabo desde hace cuatro décadas.
Además, también han indicado que la flota de remolcadores propia del Canal de Panamá ha crecido un 130% desde el año 2000, llegando a las 46 unidades actuales, y en el presupuesto de 2018 se incluye la adquisición de unidades adicionales para atender la creciente demanda.
Sin embargo, los sindicatos se muestran convencidos de que el propósito de la Autoridad Portuaria es que el Canal "produzca negocios millonarios para unos pocos", aunque sea en detrimento de su eficiencia y capacidad de generar riqueza para el país. Así, han recordado que se pretende otorgar una concesión para una terminal en el puerto de Corozalque reducirá la capacidad de tránsito por la vía interoceánica.