Cada vez parece más claro que los intereses económicos empujan a la introducción de composiciones vehiculares con mayor capacidad de cargaen busca de una mayor competitividad y eficiencia en el transporte.
Sin embargo, una modificación que parece simple y llanamente técnica puede tener diversos efectos en el mercado de transporte.
En este sentido, el sector teme el impacto que tendrán estos vehículos sobre el empleo y las cuentas de las empresas.
Así mismo, también existen muchas dudas relacionadas con la inversión necesaria para la introducción de estos vehículos y con su impacto tanto sobre la seguridad vial, como sobre una red viaria ávida de un mantenimiento que se hace de rogar.
Además, el disperso panorama europeo en relación con el número de toneladas permitidas y las medidas no aclara la situación, ya que, mientras unos países parece querer poner coto a este tipo de composiciones, otros han apostado decididamente por ellas.
De igual modo, la sostenibilidad medioambiental, un factor cada vez más importante para los clientes finales, también entra en juego, dado que cada vez es más habitual que las empresas intenten controlar al máximo la huella de carbono que generan sus actividades logísticas y de transporte.
[sumario]Un estudio de la Fundación Guitrans estima que las empresas de mayor tamaño estarían en mejores condiciones de afrontar la introducción de estos conjuntos”.[/sumario]
En definitiva, existen toda una serie de factores que, en unos casos, empujan hacia la introducción de camiones más grandes, mientras que otros parecen rechazar esta tendencia.
¿El momento oportuno?
Así pues, no es de extrañar que existan amplias dudas relacionadas, sobre todo, con la oportunidad de abordar una modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos en un momento como el actual, dominado por una fuerte incertidumbre económica.
Además, en un contexto en el que el pago por uso parece abrirse paso con fuerza, las empresas de transporte tendrán que analizar detenidamente cuánto les supondrá esta tasa con vehículos más pesados, ya que masa y cuantía de los peajes suele estar relacionada directamente, aunque el Gobierno se haya esforzado en decir por activa y por pasiva que estas tasas por usar las autovías van a ser «simbólicas».
Así mismo, el impacto podría ser mayor en aquellas empresas que realizan servicios de más larga distancia, especialmente las de transporte internacional a temperatura controlada, que suelen tener sus puntos de carga en la costa sur del país y que tienen que suelen utilizar vías de alta capacidad hasta alcanzar la frontera francesa o los puntos de transbordo en algún puerto del país.
A la vista de que las empresas de transporte serán las soporten el impacto de la medida y, ademas, correrán con las inversiones necesarias para incorporar estos nuevos conjuntos en sus flotas, un estudio elaborado por la Fundación Guitrans señala que para modificar los pesos y dimensiones debería contarse con la aquiescencia del sector.
En este sentido, se considera esencial contar consenso del sector para tomar una medida que supondría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar la masa máxima a 44 toneladas, esto es aproximadamente un 15% más de capacidad de carga.
La Administración parece decidida a introducir estos conjuntos, aunque el momento actual podría no ser el más adecuado.
Dos escenarios de impacto
Para ello, el trabajo plantea dos escenarios con diferentes repercusiones para los transportistas.
En el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su negocio consiguiendo operaciones a carga completa, mientras que en el segundo, se mantendría un mercado como el actual.
En este último, algunas operaciones dejarían de ser necesarias, de tal manera harían falta un 13,8% menos de flota y de viajes.
En estos marcos, es de esperar que las empresas más grandes puedan adaptarse mejor a la nueva situación disminuyendo su flota, pero las pequeñas tendrían que mantenerla con el consiguiente aumento de costes por tonelada transportada.
Además, por otra parte, el cambio en la masa máxima podría provocar un reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas, por lo que la medida de este tipo debería abordarse en un momento con expectativas de crecimiento económico estable, tal y como sucedió en Francia, cuando se retrasó hasta 2013.
Esta circunstancia, sin embargo, no se daría en el actual escenario, dominado por la incertidumbre.
Impacto medioambiental
En cuanto al impacto sobre las carreteras, al aumentar la MMA en los vehículos articulados actuales se aumenta la agresividad y por lo tanto el deterioro del firme, entre un 42 y un 59%.
Esto exige un mayor coste de conservaciónde las infraestructuras que habrá que determinar quién lo asume.
Visto lo visto, el transporte profesional tiene todas las papeletas para correr con este gasto si finalmente se concreta el proyecto de pago por uso del Gobierno para todas las autovías del país, dado que, a ojos de la sociedad, sería el culpable de los desperfectos en la carretera y, a la vez, el que más se aprovecha de las vías de comunicación.
[sumario]Es posible que vehículos más pesados tengan un mayor impacto en el desgaste de las infraestructuras, por lo que el incremento en los costes de mantenimiento podría atribuírse al transporte profesional”.[/sumario]
Por lo que respecta al impacto medioambiental, aunque la medida podría suponer una disminución global de las emisiones en torno al 3,7%, también podría desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos propulsados con combustibles alternativos, así como el desvío de mercancías hacia otros medios.
Finalmente, en el ámbito de la seguridad vial,no hay un consenso en relación con los efectos de la medida, aunque las estadísticas de fallecidos publicadas en países que han aprobado esta composición sugieren que no ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera.
Sector y clientes no se ponen de acuerdo
En este contexto, se mantienen las fuertes diferencias existentes entre los transportistas y sus clientes que les han llevado a protagonizar enfrentamientos recientesen el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, en relación con un Plan de medidas para impulsar la intermodalidad carretera-ferrocarril.
Sin embargo, lo cierto es que el plan de sostenibilidad que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el transporte de mercancías por carretera contempla el incremento de los pesos y dimensiones de los vehículos pesados.
En consecuencia, el sector parece resignado a la introducción de una medida que es una reivindicación de largo recorrido de sus clientes y que ha encontrado un apoyo discreto, pero decidido, de la Administración, que viene abogando por un pragmatismo de perfil bajo con el que dar esquinazo a los bloqueos, razonables o no, que han venido empantanando las negociaciones entre transportistas y cargadores.
En este sentido, el Gobierno defiende que una de las maneras para que el transporte mejore su ratio de competitividad y su impacto medioambiental ha de venir necesariamente por el uso de camiones con más capacidad y por transportar más por unidad.
Por ello, más pronto que tarde pondrá en marcha el cambio en la regulación de los pesos y dimensiones, aunque también ha dicho que tiene previsto negociar un calendario razonable y consensuado para introducir este importante cambio en las reglas del juego en el mercado del transporte, con el fin de minimizar su impacto sobre las empresas del sector. Veremos.
En todo caso, las autoridades deberán ir con tiento porque, más allá de las posibles medidas de presión que pudiera adoptar el sector, el impacto económico de la medida se extiende más allá del transporte y los tiempos que se viven no son propicios para andar con experimentos.
