Los colectivos de estaciones de servicio y de vendedores al por menor de carburantes y combustibles han cifrado este pasado miércoles en más de 600 millones de euros el "agujero" dejado en la Comunidad por la ilegal aplicación del 'céntimo sanitario' que ha causado perjuicios "irreparables e irreversibles".
La cifra global sería la resultante de sumar los más de 300 millones que la administración, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, debería devolver a los contribuyentes de Castilla y León, tanto a los transportistas como al resto de los ciudadanos en general, por el tramo estatal de 2,4 céntimos aplicado en 2010, 2011 y 2012.
A esta cantidad habría que añadir el impuesto autonómico correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y 31 de diciembre de 2012, junto con los 200 y 120 millones que la Junta dejó de ingresar en 2012 y 2013, respectivamente, por la caída de las ventas de combustible.
En este sentido, responsables de la Asociación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Avecal) y de la Federación Regional de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes), respaldados por el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, han reclamado a la administración la ejecución inmediata de la sentencia.
Además consideran que para optar a la devolución de las cantidades abonadas injustamente debería bastar un simple certificado bancario del repostaje realizado.
El fallo del TJUE ha sido acogido con sabor agridulce por los colectivos afectados, a los que, según el presidente de Cecale, se han ocasionado "perjuicios irreversibles" en forma de "pérdida de competitividad y empleo, deslocalización de empresas, cierre de gasolineras, empresas de transporte y centros hosteleros.
También hay que considerar la apertura de rutas alternativas que difícilmente volverán a Castilla y León", en referencia a aquellos itinerarios abiertos por los transportistas para repostar en comunidades limítrofes donde no se aplica el 'céntimo sanitario'.
Desde Cecale ya se advirtió de la ilegalidad
Aparicio recuerda que Cecale ya advirtió de la ilegalidad de dicha tasa desde su implantación en la Comunidad, el 1 de marzo de 2012, y ha aprovechado para criticar con dureza la "falta de diálogo y soberbia" mostradas por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera Pilar del Olmo, al hacer "oídos sordos" a las reivindicaciones del sector afectado y a quien ha tenido que dar la razón finalmente el TJUE.
En la misma línea, responsables de Avecal y Fereclaes han aportado cifras de los perjuicios generados a ambos colectivos y que se centran en los 627 millones de litros menos vendidos (-23%) desde la implantación de la tasa, el 1 de marzo de 2012, y los 730 millones menos (-26%) en 2013, litros que, según ambas asociaciones, habrían ido a parar a comunidades donde carecen de 'céntimo sanitario' como La Rioja, País Vasco, Aragón y Navarra o donde se ha rebajado, como Cantabria.
A pesar de esta situación la Junta sigue haciendo oídos sordos y mantiene el 'céntimo sanitario', aunque desde enero de 2013 como impuesto especial sobre hidrocarburos.
El vicepresidente y portavoz de Avecal, Rafael Pizarro, se lamenta de que la sentencia del TJUE supone un varapalo y un desprestigio irreparable, al reconocer la "mala fe" del Estado al aplicar una tasa que vulnera la legislación comunitaria.
Por tal motivo, el presidente de Cecale ha brindado el apoyo de la organización a todas aquellas asociaciones de transportistas de Castilla y León que pretendan iniciar acciones para reclamar las cantidades abonadas de forma injusta.
Aunque en Soria los profesionales del sector ya han anunciado su intención de reclamar, Santiago Aparicio entiende que idéntico camino seguirá el resto de asociaciones territoriales a las que se promete igual cobertura.