El proyecto de ley presentado por el Gobierno francés fija cinco objetivos con la intención de reforzar el servicio, siendo gestionado por el Estado y controlado por la Nación. Así se unen bajo la supervisión del ente público el operador y el gestor de infraestructuras de la red ferroviaria.
Por un lado el proyecto de ley pone fin a la separación que existe actualmente entre la Red Ferroviaria de Francia (RFF) y la SNCF. El ministro justifica esta propuesta por el elevado coste y las dificultades de coordinación de los trabajos y del tráfico ferroviario.
El proyecto así mismo crea un grupo público ferroviario, constituido por un establecimiento público matriz (la futura SNCF) y dos establecimientos subordinados, la gestora de infraestructuras (SBCF Red) y el operador de trenes (SNCF Movilidad).
La institución matriz se ocupará del seguimiento y control, la coherencia económica y estratégica, la integración industrial y la cohesión social del grupo público.
De esta forma, por un lado SNCF Red pretende reunir en una única estructura a los actores responsables de la gestión de la infraestructura, mientras que SNCF Movilidad llevará a cabo las actividades de transporte público de pasajeros y mercancías.
El grupo será dirigido por una junta integrada por los presidentes de SNCF Red y SNCF Movilidad, previamente elegidos por el Estado. El consejo ejecutivo estará bajo el control de un consejo de supervisión, formado por una representación mayoritaria de miembros del Estado y miembros del Parlamento, las regiones y los propios empleados de la compañía.
El presidente de la junta también será elegido por el Estado, que a su vez establecerá los objetivos del grupo público a través de un contrato de resultados con cada una de las tres instituciones.
El proyecto de ley también crea las condiciones para un pacto nacional para el futuro de los ferrocarriles de servicio público. Con el fin de estabilizar gradualmente su deuda, la red SNCF no podrá pedir prestada más allá de una cierta cantidad para financiar proyectos de desarrollo de infraestructura. Superado ese nivel de deuda, los proyectos de inversión solicitados por las autoridades públicas deberán ser financiado por ellas mismas.
El camino hacia la recuperación del equilibrio económico de la SNCF estarátutelado por un contrato de desempeño, que se concreta en un esfuerzo de todas las partes interesadas, a través de las ganancias derivadas de la creación de un administrador de la infraestructura unificada, los resultados económicos de la compañía, el aumento de la eficiencia de la organización del trabajo y la optimización de la línea de alimentación.
El Estado va a participar en este esfuerzo para la asignación de una parte de los resultados de la SNCF Movilidad, incluido el pago de dividendos en el grupo público para el beneficio de la recuperación de la red SNCF.
Por otro lado, además de confirmar la situación de la maquinaria, el proyecto de ley es la base legislativa para la construcción de un marco común para todos los trabajadores de la industria ferroviaria.
Se trataría de un decreto "base" en el que se establecerán las principales normas comunes para el sector ferroviario, en términos de cumplimiento de los requisitos de seguridad y continuidad del servicio público.
Este marco social común también se basa en un convenio colectivo nacional negociado por los interlocutores sociales. Todas las empresas de la industria ferroviaria estarán sujetas a un régimen uniforme sobre tiempos de trabajo. Este marco social común tendrá como objetivo evitar la competencia desleal entre las empresas ferroviarias y dará flexibilidad para la adaptación de las organizaciones.
El proyecto de ley también fortalecerá el control de la Autoridad Reguladora de los Servicios Ferroviarios (ARAF), garantizando el acceso libre y no discriminatorio a las empresas de la red. ARAF garantizará la imparcialidad de la red SNCF, ya que se podrá objetar el nombramiento, renovación o rescisión anticipada de las funciones del presidente del consejo de administración. ARAF también tendrá entre sus competencias la vigilancia de la totalidad de las funciones de regulación del sistema financiero.