Finalmente, las protestas de los transportistas franceses y de los “bonets rouges” en Bretaña, han podido con los intentos de dos gobiernos franceses, por implantar un sistema de peajes para camiones en las carreteras del país vecino.
Tras el retraso ‘sine die’ anunciado el pasado 8 de septiembre, en la entrada en vigor del impuesto ambiental, el Gobierno francés ha decidido abandonar definitivamente el proyecto de un "peaje en tránsito" que iba a gravar los camiones que circularan por los principales ejes viales, al margen de las autopistas de pago, ante las protestas de los transportistas, y sobre todo las que se produjeron en Bretaña, donde degeneraron en disturbios.
En estos dos años de reiterados retrasos y de modificaciones en el impuesto y en su modelo de aplicación, ha planeado como una losa para la no retirada del mismo, el alto coste que tendría para el Estado una medida de similares características, debido a los compromisos contractuales adquiridos con el consorcio Ecomouv, constituído para la recaudación del impuesto.
Una factura que se tratará de rebajar al máximo, con la negociación o con un recurso a la justicia, una vez que se ha conocido la decisión del Gobierno francés de rescindir el contrato con Ecomouv, que el Gobierno tendrá que pagar en última instancia, por suprimir el proyecto de peaje a los camiones.
"El Estado no va a pagar así por las buenas"
Este pasado jueves 30 de octubre, durante la sesión de preguntas al Gobierno en el Senado, el Secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, ha anunciado la rescisión por parte del Gobierno del contrato con Ecomouv.
Respecto de si la cifra a abonar a Ecomouv en concepto de indemnización será la de 830 millones de euros, que aparece en el contrato suscrito con el anterior Ejecutivo, Vidalies ha apuntado que se baraja la posibilidad de llevar el contencioso ante los tribunales, justificando el abandono de un dispositivo que "costaba un 40% en gastos de funcionamiento".
Según el diario "Le Parisien", a esos 830 millones de euros de indemnización, contemplados por una ruptura del contrato antes del 1 de noviembre (a partir de esa fecha la cifra pasaba a ser superior), se sumarían 173 millones porque el peaje no ha entrado en funcionamiento en 2014 como estaba inicialmente previsto, lo que ha supuesto una merma de ingresos a la compañía.
En su lugar, se ha previsto un incremento de los impuestos sobre el gasóleo (dos céntimos en 2015) con los que financiar las infraestructuras de transporte.
A pesar de este nuevo traspiés del gobierno galo, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, no renuncia a buscar otros mecanismos para hacer pagar a los camiones extranjeros que circulan por Francia, ya que considera que en su mayor parte evitan cargar combustible en Francia para eludir la fiscalidad más elevada, y por tanto no contribuyen al mantenimiento de las carreteras que utilizan.
La hora de las indemnizaciones
La sociedad Ecomouv´, filial de Autostrade per l´Italia en un 70% del capital, con el resto repartido entre los socios franceses, Thales, SNCF, SFR y Steria, se constituyó específicamente para este proyecto.
En este tiempo, Ecomouv ha realizado unas inversiones estimadas de cerca de 700 millones, que corresponden a la construcción e instalación de 163 pórticos y 200 terminales de control, además de los sistemas informáticos y de comunicación necesarios para la recaudación de la ecotasa.