Apenas se ha iniciado el proceso para determinar la cantidad exacta a abonar, que el Ejecutivo cifra en algo más de 2.000 millones de euros.
El Ministerio de Fomento contará con seis meses más, hasta julio de 2019, para calcular y abonar la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración a las concesionarias de las nueve autopistas de peaje quebradas.
Se trata de una cantidad que el Estado debe abonar para compensar la inversión que realizaron para su construcción y que no han podido amortizar durante su explotación. El importe, que el Ejecutivo cifra en algo más de 2.000 millones de euros, se eleva hasta los 5.000 en las cuentas que hacen los afectados.
Aunque el plazo para determinar y pagar la correspondiente RPA vence en enero, la ley actual permite aplicar una prórroga de seis meses que entra en vigor de forma tácita. Previsiblemente, esta es la fórmula que se utilizará, dado que aún se encuentra en liquidación la AP-41 Madrid-Toledo y apenas se ha iniciado el proceso para determinar la cantidad a abonar.
Largo proceso
De momento, Fomento trabaja en un expediente de interpretación que defina los conceptos que intervienen en el cálculo de la Responsabilidad Patrimonal de la Administración.
Una vez concluido y aprobado en Consejo de Ministros, se procederá al cálculo del importe, que conlleva una audiencia con los interesados, un informe de la Abogacía del Estado y un dictamen del Consejo de Estado.