La AP-1 entre Burgos y Armiñón será la primera de estas autopistas que revertirá al Estado.
El Gobierno tratará de llegar a un acuerdo con el resto de formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas de peaje en España, ante el próximo vencimiento del plazo de concesión de las más antiguas. En concreto, se integraría en el Pacto de Estado sobre Infraestructuras que promoverá próximamente Fomento, que ya ha mantenido contactos con distintos partidos en este sentido.
Desde el Ministerio, ya se ha explicado en reiteradas ocasiones que no se ampliará el periodo de concesión de las vías cuyo plazo finaliza próximamente. En su lugar, revertirán al Estado, que será quien tendrá la decisión final sobre ellas, aunque como ha señalado el ministro Íñigo de la Serna, quiere tener en cuenta las opiniones de otros grupos políticos.
La negociación se llevará a cabo de forma paralela al rescate y relicitación de las nueve autopistas quebradas que se llevará a cabo en el año 2018. En la actualidad, seis vías de este tipo están a punto de finalizar su concesión, de las cuales la primera será la AP-1 entre Burgos y Armiñón, en Álava, gestionada por el Grupo Itínere.
En 2019, le seguirá el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Por su parte, en 2021, finaliza el plazo para el trazado de la AP-7 entre Barcelona-La Jonquera y entre Barcelona-Tarragona, y el de la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo. Todas ellas son actualmente gestionadas por Abertis.