El Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, que puso en marcha en 2012 Fenadismer junto a la Fundación Quijote para el Transporte, ha venido constatando cada mes en esta última década "un incumplimiento escandaloso y sistemático de los plazos máximos de pago" por parte de cargadores, operadores logísticos e intermediarios cuando contratan a transportistas.
La legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un plazo máximo legal de 60 días si así lo establecen las partes por escrito.
Sin embargo, ellos han venido imponiendo "condiciones abusivas" a sus proveedores con "absoluta impunidad" hasta ahora, basando su rentabilidad no en su actividad productiva sino en la actividad financiera que generan "a costa de autónomos y pymes que trabajan para estos grandes grupos empresariales".
Es por ello que en octubre tuvo que aprobarse un nuevo régimen sancionador para poner fin a la morosidad en el sector, que perjudica el desarrollo de la actividad y la supervivencia de autónomos y empresas. Las multas llegan hasta 6.000 euros, aunque pueden alcanzar los 30.000 para las "situaciones reincidentes más abusivas".
Desde entonces, la Federación ha constatado una leve mejoría en los plazos de pago respecto a los datos de principios de 2021, pero la situación de incumplimiento sigue siendo generalizada. Por ejemplo, en enero de 2022, un 65% de los clientes han incumplido los plazos máximos, llegando a superar un 37% los 90 días e incluso un 25% los 120 días.
En cuanto a los medios de pago que utilizados, las modalidades más habituales siguen siendo la trasferencia en un 61% de los casos, el confirming en un 29%, el pagaré en un 10, y el cheque en aproximadamente un 1%.
Todo ello ha llevado a Fenadismer a solicitar formalmente a los Servicios de Inspección de Transporte, tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, que promuevan de oficio un Plan específico de lucha contra la morosidad con una campaña masiva de control y sanciones por incumplimiento en los plazos de pago.
