Faconauto ha pedido al Gobierno oponerse a la aprobación de la norma Euro 7 que se está discutiendo en Europa, ya que se corre el peligro de que la denominada "clase media" se quede fuera de la transformación que está experimentando la movilidad.
Así lo ha alertado el máximo responsable de la patronal de los concesionarios, Gerardo Pérez, en la inauguración de su XXXII Congreso, donde ha indicado que "la aceleración artificial del proceso de descarbonización que se está impulsando desde la Unión Europea" corre el riesgo de polarizar el mercado de la automoción.
A su juicio, sólo será una minoría la que pueda acceder por renta a las nuevas tecnologías, configurando una transición "que casi nadie entiende". En este sentido, apunta a que Europa es el único mercado del mundo en el que se está eligiendo la prohibición y no la elección de los compradores para impulsar el vehículo eléctrico.
En el caso de salir adelante la nueva norma Euro 7, prevista para 2025, esta polarización de la movilidad irá más allá, reduciendo el mercado español de la automoción, apunta.
De esta manera, asegura, se acentuará el retraso que nuestro país ya arrastra para cumplir los objetivos de electrificación, lo que, consideran, también debilitará un sector "esencial" para la actividad económica y el empleo.
Pérez se ha referido a un Plan Moves para que no haya una movilidad de “dos velocidades” en España, que sea percibido como una ayuda directa a la adquisición del vehículo eléctrico.
Este debería incluir, entre otros aspectos, una reducción del plazo de pago al comprador o articular una fiscalidad que haga más atractiva de cara a ciudadanos y empresas la movilidad electrificada.
No se pueden permitir "mercados deprimidos"
En esta misma línea se ha expresado la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, quien ha subrayado ese rechazo a que las nuevas formas de movilidad que vienen "se nos impongan como únicas", abogando por una "movilidad libre y segura".
Ha defendido todas las tecnologías que están al alcance para el proceso de descarbonización, si bien también ha ahondado en la solicitud de ayudas para la compra de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga, así como un programa fiscal para el automóvil.
Blázquez se ha mostrado en contra de que el vehículo privado quede relegado al último peldaño en la pirámide de la movilidady ha señalado que el ciudadano debe elegir su modelo de acuerdo con sus necesidades y "lejos de prohibiciones".
Sobre este tema, ha recordado que los concesionarios oficiales representan el 2,7 % del PIB de la economía española a través de pymes de tradición familiar y emplean a más de 153.000 personas de forma directa, más del 40 % de ellos indefinidos y el 80 % con una formación cualificada.
Por ello han reivindicado el papel de España como país en el que se fabriquen y vendan coches, pero que no se puede permitir "mercados deprimidos" con menos de 900.000 unidades vendidas, como viene sucediendo en los últimos tres años.
El Congreso también ha servido para reivindicar desde Faconauto lo que consideran un marco legal justo para los concesionarios, de forma que, en caso de cancelación unilateral del contrato por parte de la marca, tengan una indemnización adecuada.
La patronal considera de hecho que el mayor problema que vive actualmente la red de concesionarios es esta cancelación unilateral de contratos llevada a cabo por Stellantis, que terminará con entre 9.000 y 12.000 empleos en mayo de este año.
Por ello, han solicitado el respaldo de los partidos políticos para impulsar el marco regulatorio “razonable” que necesita el sector para amparar al tejido empresarial de los concesionarios, como sucede en Francia o en Italia.
