Juan Miguel Sánchez García es, desde noviembre de 2010, el presidente del Comité de Regulación Ferroviaria del Ministerio de Fomento, un órgano colegiado creado en 2003 con el objetivo de ser pieza clave en la liberalización del sector ferroviario, apoyando la competencia, y que tendrá que jugar un papel determinante en el recién aprobado Plan de Impulso del Transporte de Mercancías por Ferrocarril.
Este órgano, compuesto por el Presidente y cuatro vocales y adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, tiene entre sus principales funciones salvaguardar la pluralidad de la oferta ferroviaria, evitar el trato discriminatorio entre empresas públicas y privadas e intervenir en todo lo referente a la declaración de red, los cánones y las tarifas de los servicios complementarios o adicionales.
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Declaraciones de Juan Miguel Sánchez.
Durante la clausura de las Jornadas sobre el uso del Ferrocarril organizadas por AEUTRANSMER, Juan Miguel Sánchez destacó el consenso de todos los grupos políticos y los diferentes agentes que intervienen en el sector ferroviario en la elaboración de un Plan que calificó como necesario. A pesar de la crisis, afirmó, “tenemos retos de futuro que hay que abordar de una manera clara y contundente” y para ello es necesario que todos los agentes del sector trabajen conjuntamente para “ganar en productividad y mejorar en resultados, costes y fiabilidad del sistema”.
Al respecto, Sánchez se mostró bastante optimista con el papel que el Comité de Regulación Ferroviaria va a jugar en la transición al modelo de competencia tras el agotamiento del modelo de monopolio anterior. Se trata de una pieza fundamental del sistema que pretende frenar la pérdida de cuota que de forma continuada experimenta el sector ferroviario desde 2003, cuando no se supo aprovechar el crecimiento económico general y del PIB.
Según Juan Miguel Sánchez, “España no puede ser un país competitivo sin un ferrocarril competitivo”. Por ello, es necesario garantizar la confianza en el sistema ferroviario y crear una atmósfera de seguridad jurídica; sólo así, se conseguirá que todos los agentes del sector ferroviario tomen un papel activo que garantice la existencia de un mercado, ya que actualmente “nos encontramos en un momento muy tímido”. Únicamente seis de las 13 empresas existentes actualmente tienen certificado de seguridad y de ellas, sólo hay cinco operando efectivamente.
Creado a raíz de la aprobación de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, el Comité de Regulación Ferroviaria verá aumentadas sus competencias e independencia próximamente con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible. Así, se convertirá en una especie de tribunal económico administrativo cuyas decisiones, que actualmente son recurribles ante el Ministro de Fomento, pondrán fin a la vía administrativa. Con ello se pretende que los agentes del sector confíen en el Comité como órgano encargado de velar por sus derechos y defender la pluralidad y la competencia del mercado. Para ello, Juan Miguel Sánchez, anima los operadores privados a plantear sus quejas y todos los problemas que vayan surgiendo.