Los operadores del sector ferroviario del transporte de mercancías recibieron, el pasado 4 de agosto, la notificación de la actualización de las tarifas correspondientes a los servicios adicionales y complementarios, acompañada de la Resolución publicada en el BOE.
Desde diversas asociaciones de transportistas han denunciado las "decisiones perjudiciales" para el sector del transporte de mercancías por ferrocarril que, entienden, ha adoptado el Ministerio de Fomento.
En primer lugar, los operadores critican que la decisión de actualizar las tarifas de Adif se haya tomado sin que haya mediado ninguna consulta con las empresas que operan en el sector, por lo que se ha actuado "una vez más de espaldas a la realidad del sector, que es actualmente de absoluta penuria y constante pérdida de volumen y cuota de mercado".
Esta manera de actuar "se contradice", con las frecuentes declaraciones públicas de los responsables ministeriales sobre la voluntad del Ministerio de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
Del mismo modo, el sector denuncia "la marginación y falta de inversiones" para los transportes de mercancías por ferrocarril, que contrasta con la enorme inversión que se realiza para viajeros, concretamente en la línea de Alta Velocidad.
Incremento injustificado de las tarifas
La actualización de las tarifas, que supone un notable incremento de las mismas, se producen en un momento en que "no se pueden justificar" por el aumento generalizado de costes, ya que "las tasas de inflación en España están en mínimos históricos, los sueldos y salarios están congelados si no en descenso y la actividad del sector está en regresión".
Esta medida "no cambiará el signo de los resultados de Adif", lastrados por los elevados costes y la baja productividad y, por el contrario, puede dar lugar a un mayor alejamiento entre el ferrocarril y la industria. Además, defienden que "cualquier aumento de costes impuesto de manera unilateral" por la administración ferroviaria tiene "como efecto inmediato" el aumento de las pérdidas económicas y de la competitividad del sector.
Los operados entienden que el aumento de estas tarifas se produce en un momento que se caracteriza por "una falta de transparencia de sus actuaciones, cuentas y resultados, lo que resulta inaceptable para una empresa pública", y por un "injustificable retraso" en la aplicación de la Ley de Liberalización del Sector Ferroviario, que entró en vigor en el año 2006.
Así, después de ocho años, la empresa privada "no ha podido sino obtener un escaso 20% de cuota en un mercado en regresión".
Por otro lado, también denuncian la "falta de atención e inversiones para mantener, mejorar o ampliar las infraestructuras ferroviarias" actualmente existentes, la red convencional de interés general y las terminales de la misma.
Esta "casi total ausencia de inversiones" sobre la red que utiliza el transporte de mercancías impide mejorar la competitividad de éste y, en definitiva, aumentar la productividad y la capacidad de absorber mediante ésta los aumentos de costes externos que justificadamente se puedan producir.
"Falta de sensibilidad"
Por todo ello, las asociaciones Faprove, Astic, AEFP, Transprime, Aeutransmer y Unesid, han denunciado de forma conjunta "la falta de sensibilidad" de las administraciones ferroviarias en relación con los problemas y necesidades del sector, y "la falta de voluntad política" del Gobierno para abordar de forma real, práctica, inmediata, consensuada y decisiva las reformas necesarias para que el ferrocarril adquiera la importancia que requiere España.