En las reuniones mantenidas previamente, ya se llegó a un acuerdo para el mantenimiento del empleo en el sector.
El descanso veraniego toca a su fin, y con ello, vuelve a saltar a la palestra la reforma de la estiba, que ha tenido en vilo a Gobierno, empresas y sindicatos durante la primera parte del año y de la que aún quedan algunos flecos por resolver.
Así, tras la convalidación en el mes de mayo del Real Decreto-Ley para la reforma de la estiba y una huelga en los puertos españoles que provocó una caída del 4,6% en el tráfico de contenedores, sigue pendiente la negociación del 'Quinto Acuerdo Marco' por parte de los estibadores y la patronal, que se comprometieron a cerrarlo antes del 30 de septiembre.
Mientras, el Ejecutivo ha seguido dando pasos para definir el futuro del sector, en línea con lo acordado con las partes implicadas. De este modo, en julio ha quedado registrado el acuerdo para el mantenimiento del empleo, que establece que la empresa que decida abandonar la Sagep, tendrá que subrogarse en la posición del anterior empleador respecto a los trabajadores.
Se trata de uno de los aspectos más reclamados por parte de los estibadores, a los que el Ministerio de Fomento también ha informado del proceso que deben llevar a cabo para homologarse y acreditar su experiencia, lo cual les eximiría de presentar un certificado de profesionalidad.
Por otro lado, conviene señalar que los sindicatos han aceptado en las reuniones mantenidas con la patronal una reducción del 10% en los salarios, así como ciertos ajustes a través de prejubilaciones voluntarias, y el establecimiento de nuevas formas de organización del trabajo y los turnos para mejorar la competitividad de los puertos.
Asuntos pendientes
Sin embargo, aún quedan otros asuntos que perfilar, como la propuesta sindical de constituir un comité de coordinación entre las Sagep, los Centros Portuarios de Empleo, CPE, y las empresas estibadoras para regular ciertas actividades, tales como la formación, subrogación, traslados o contratación.
En este contexto, en Anesco tampoco están de acuerdo con el hecho de que las empresas tengan que formar parte obligatoriamente de los CPE. Por ello, todos estos asuntos tendrán que ser debatidos con el fin de llegar a un consenso al respecto antes de la fecha límite.