El comité de empresa cree que las administraciones deberían apostar por el desarrollo de "una industria digna".
Los trabajadores de La Naval siguen en su empeño de que el Gobierno y la administración vasca se hagan con el control de los principales activos del astillero, con el de fin de evitar su cierre.
Un grupo de representantes del sindicato ha solicitado el apoyo del Parlamento Europeo para convencer a las autoridades de participar en el accionariado. Allí, han constatado que la única solución para la continuidad del astillero es que los poderes públicos intervengan de la mano de un inversor privado, siempre que se presente un plan de viabilidad creíble.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, explicaba pocos días antes que la normativa comunitaria impide cualquier rescate público a empresas en crisis, por lo que se debe avanzar en el proceso de liquidación y buscar posibles inversores.
Sin embargo, el comité de empresa de La Naval denuncia que no existe el suficiente interés por parte de la administración nacional y regional, que deberían apostar por el desarrollo de "una industria digna", como sucede en los Países Bajos, Italia o Francia.
Además, recuerdan que La Naval está actualmente "a las puertas del despido de toda la plantilla" y aseguran que su cierre perjudicaría a la Margen Izquierda, que está "en claro proceso de desertización industrial y demográfica".
Por su parte, desde el Ejecutivo siguen insistiendo en que la situación es muy compleja, pero que de momento el astillero puede seguir produciendo.