El Reino Unido ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a su política contra la inmigración irregular y ha endurecido las penas por introducir a extranjeros de manera ilegal en el país.
Esta norma legal entra en vigor el próximo lunes 13 de febrero y establece obligaciones para los conductores profesionales de asegurar los semirremolques cuando se carguen, verificar que no se ha producido ninguna alteración en las medidas de seguridad antes de iniciar el viaje, así como en cada parada y registrar que se han producido estas inspecciones, así como los puntos que se han controlado.
Según informa la Iru, las penas máximas por cada inmigrante clandestino encontrado a bordo de un medio de transporte se multiplicarán por cinco y, al tiempo, se han articulado castigos adicionales por no observar las medidas de seguridad adecuada en los camiones.
A juicio de la organización internacional, este incremento de las sanciones y la eliminación de la presunción de inocencia para los conductores y las empresas provocarán que muchos de ellos renuncien a operar estas rutas.
Consecuentemente, la reducción de la competencia en los tráficos de mercancía entre el Reino Unido y el resto del continente europeo podría aumentar los costes de transporte, los riesgos, los retrasos y la inestabilidad de las cadenas de suministro.
