La Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas han exigido responsabilidad contable a los que eran presidentes y directores del puerto entre 2001 y 2010.
El Consejo de Administración del puerto de Barcelona ha acordado durante una sesión extraordinaria no ejercer acciones de responsabilidad contable en el procedimiento de reintegro que ha iniciado el Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades detectadas en las obras 'Modificación del proyecto de ampliación del dique de abrigo del Este', ya que considera que no se dan los requisitos para ello.
Para el Consejo, las acciones llevadas a cabo hace siete años, cuando se descubrió y denunció el fraude, son las adecuadas para conseguir el resarcimiento del perjuicio sufrido, y con ellas se han cubierto suficientemente los intereses de la instalación portuaria.
La obra fue ejecutada entre 2001 y 2008, con un presupuesto de 197,2 millones de euros, pero durante 2010, el puerto descubrió un fraude en las actuaciones estimado en más de 40 millones de euros, en el que participaron las empresas contratistas, la asistencia técnica y directores de obra del recinto portuario que ya no formaban parte de la entidad.
Inmediatamente, se denunciaron los hechos ante la Fiscalía Provincial de Barcelona y se demandó tanto a las empresas constructoras y de asistencia técnica, como a los directores de obra implicados. Actualmente, la causa penal está pendiente de que se fije la fecha para el juicio oral y en lo que respecta al personal del puerto, únicamente está imputado un antiguo director de obras.
En 2016, seis años después de las actuaciones del puerto, el Tribunal de Cuentas abrió un procedimiento de reintegro en relación a estos hechos, en virtud del cual, en febrero de 2017, la Abogacía del Estado y el Tribunal han exigido responsabilidad contable a quienes eran presidentes y directores del puerto entre 2001 y 2010, así como a cuatro personas más, de las que dos eran directores de obra y una trabajaba en la asistencia técnica.