El PSOE solicita más dinero en los PGE 2016 para conexiones ferroportuarias.
El PSOE ha presentado un conjunto de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 del Grupo Fomento "orientadas al crecimiento económico y a la generación de empleo", según afirman desde el partido político.
En su presentación, el grupo político ha mostrado su interés por el transporte de mercancías por ferrocarril, sobre todo en lo que a conectividad e intermodalidad de los puertos se refiere, ya que "el objetivo de estas enmiendas es impulsar actuaciones que mejoren" estos ámbitos.
No obstante, también "se busca" potenciar los accesos de viajeros a las grandes ciudades por cercanías, mejorar la conservación de las carreteras y avanzar en el desarrollo de los grandes corredores transeuropeos, así como suspender el actual proceso de liberación, entre otros objetivos de las enmiendas presentadas.
Según critican desde el Psoe, la inversión en infraestructuras de transporte se sitúa en un 0,84% del PIB, "muy lejos del 0,95% de suelo mínimo para dar respuesta adecuada a las necesidades del transporte e infraestructuras”.
Las enmiendas presentadas solicitan 100 millones de euros adicionales para mejorar los servicios de cercanías y 150 millones de euros más para la conservación de carreteras.
Sin embargo, a pesar del manifestado interés por aumentar el peso del transporte de mercancías en el ferrocarril, piden bastante menos para conexiones ferroporturarias y terrestres a puertos, un total de 50 millones de euros, y otros 15 millones adicionales para supresión de pasos a nivel.
Adaptarse a los plazos de la UE
Por otro lado, en el partido político consideran que se deben adoptar una serie de actuaciones. Entre ellas se encuentra adaptarse a los plazos fijados por la UE una vez sea aprobado el Cuarto Paquete Ferroviario en su vertiente de mercado.
Además, defienden que se debe preparar al sector ferroviario para la apertura a la competencia de los servicios de Obligación de Servicio Público (OSP), considerando el papel de las comunidades autónomas como autoridad competente en materia de servicios regionales, así como reorganizar la estructura de Renfe Operadora para adaptarla a la apertura del mercado ferroviario.