Comisiones Obreras estima que "el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pacta con el Comité Nacional de Transporte los planes de inspección para 2023" para adaptarlos "a los intereses de las grandes patronales del sector".
Para el sindicato, esto "supone otra muestra más de que quien manda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no es el Gobierno, sino los grandes empresarios del sector a través de la Comité Nacional de Transporte por carretera y de la connivencia existente entre ambos para no resolver los problemas estructurales del sector".
De igual manera, la central sindical también señala que "la inspección de transporte centrará sus trabajos para 2023 en los aspectos que le convienen al Comité Nacional y no al sector, debido a una carencia absoluta de recursos humanos para realizar su labor".
Así mismo, la organización también llama la atención sobre el "dumping social que se produce entre las provincias del estado español, como queda patente en las negociaciones del Acuerdo General del Transporte de Mercancías por Carretera, que no establece un salario base mínimo y digno para todo el Estado".
Según el criterio de Comisiones Obreras, "el plan de inspección debería enfocarse a sancionar a las empresas que incumplen el reglamento europeo que prohíbe pagar por kilómetro para garantizar la seguridad vial y los accidentes en carretera. Sin embargo, la mayor parte de las empresas de este país retribuyen a su personal por kilómetro".
Además, el sindicato también defiende que "las irrisorias sanciones por incumplir los tiempos de conducción y descanso están siendo amortizadas por las empresas con los correspondientes descuentos salariales en algunos casos. Las personas trabajadoras del sector no importan para el Ministerio y no se merecen ni siquiera opinar en los planes que deberían luchar contra el fraude que soportan y sobre las medidas que pueden reducir que fallezcan en la carretera".
