Los estibadores denuncian que las multinacionales actúen con tanta permisividad, en connivencia con los gobiernos.
El Consejo Internacional de la Estiba, IDC, ha reunido en Londres a la Asamblea de la Zona Europeapara analizar las problemáticas que afectan a los países y sindicatos afiliados. Su principal objetivo en este momento es preservar el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores afiliados.
En este sentido, asumen que la tecnología es necesaria para mejorar la seguridad laboral, pero han manifestado su rechazo frontal a las terminales robotizadas. Así, se ha puesto de relieve que las más avanzadas permiten hasta 21 movimientos de contenedores por hora en las tareas de carga o descarga, mientras que los estibadores, con herramientas apropiadas, pueden doblar esas cifras.
El IDC ha advertido de que plantará cara a empresas, asociaciones y administraciones nacionales e internacionales por lo que consideran un "desprecio a la profesión". En lo que se refiere a la seguridad laboral, se ha puesto el foco en los fallecimientos de trabajadores portuarios registrados en 2018 en varios puertos.
Desde el Consejo Internacional de la Estiba han alertado de que tanto los gobiernos como las empresas "incumplen sistemáticamente las normativas y legislaciones en materia de seguridad, prevención y formación continua".
También permiten en muchos casos la contratación de trabajadores eventuales no formados y con condiciones salariales y socio-laborales precarias, que pueden poner en peligro sus vidas y la de sus compañeros. El objetivo ha de ser, por tanto, llegar a una cota cero de mortalidad en el ejercicio de la profesión.
Presiones a los estibadores
Los estibadores denuncian que las grandes multinacionales "actúen con tanta suficiencia y permisividad en algunos países en clara connivencia con sus gobiernos” y aseguran que existen grandes presiones en España, que ha sufrido en el último año "el mayor ataque de la historia de los estibadores, orquestado desde la Unión Europea”.
También se ha recordado la situación que vive Portugal, donde los trabajadores mantienen la huelga por la negativa de la administración lusa a dialogar, un caso similar al de Bélgica. Mientras, en Eslovenia se lucha contra la privatización de las terminales y la subcontratación de externos, y en Grecia ha habido una gran devaluación de los salarios.
Por su parte, en Francia o Chipre imperan las políticas antisociales y en Malta necesitan que se invierta en formación. Al mismo tiempo, Suecia vive una situación crítica, en la que se han visto afectados los derechos de representación sindical y se han efectuado más de un centenar de despidos.