El Gobierno ha renunciado a su propuesta inicial de aprobar el pago por uso en las carreteras españolas en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que finalmente se limita a incluir su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre diferentes alternativas para la financiación de la red de alta capacidad.
Para ello, explica el texto, se tendrán en cuenta “criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental”, condicionándose la implantación del pago por uso a “un amplio consenso social y político” y siempre ajustado “a las circunstancias económicas concurrentes”.
Fenadismer valora positivamente esta decisión, dado el impacto económico que tendría esta medida en la actividad del transporte por carretera, así como su efecto en la carestía de los productos y la competitividad de las exportaciones españolas.
El propio Gobierno ya reconoció en su día que el principal “riesgo de rechazo” lo recibiría por parte de los transportistas profesionales, dada la experiencia vivida en Francia, que ha intentado hasta cinco veces establecer una tasa similar, encontrándose con un fuerte rechazo por parte del colectivo.
El Ejecutivo, dice la Federación, es consciente que es "una medida muy impopular" entre la ciudadanía española, ya que es rechazada por más del 80% de la población según las diferentes encuestas realizadas.
Por ello, para evitar su implantación de forma unilateral, durante las negociaciones mantenidas por el sector con el Ministerio de Transportes en diciembre, se arrancó por su parte el compromiso de no aprobar dicha media sin el consenso previo con el sector.
