El último Consejo de Ministros de este pasado martes 29 de junio ha aprobado definitivamente el traspaso de las competencias en materia de transporte al País Vasco, tal y como se acordó el pasado 10 de mayo, en la Comisión Mixta de Transferencias.
Así pues, ahora solo queda que se publique oficialmente en el BOE el Real Decreto de traspaso en materia de transportes por carretera de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales relativos a transportes privados, actividades auxiliares y complementarias el transporte, arbitraje y competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.
Este traspaso será efectivo a los largo de 2021, cuando se suscriban los correspondientes convenios forales de actualización y equiparación en materia de transportes terrestres por carretera.
De este modo, el Ejecutivo regional asumirá la gestión de autorizaciones de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.
Álava ya viene contando con algunos de estos medios gracias a un convenio foral del año 1950 y, en este sentido, el acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a Álava para las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, así como la actualización del convenio alavés.
A este respecto, CETM estima que "esta decisión acabará perjudicando al sector del transporte de mercancías por carretera, puesto que podría suponer la existencia de diferencias en los criterios de actuación".
En este sentido, la patronal defiende que "el transporte necesita una gestión uniforme, que no suponga diferencias entre unos territorios u otros," así como que "este traspaso de competencias podría derivar en la posibilidad de que otras comunidades autónomas pretendan seguir los mismos pasos, dividiendo a un sector que, ante todo, necesita cohesión y armonía", por lo que llama a "evitar situaciones que puedan entorpecer el tráfico internacional de mercancías".
Además, el Estado también traspasará a las autoridades vascas la gestión de las instituciones penitenciarias ubicadas en su territorio, el otorgamiento de códigos internacionales de identificación de las publicaciones seriadas en relación con empresas y entidades radicadas en su territorio y un edificio en el puerto de vizcaíno de Ondárroa que fue anterior sede del Distrito Marítimo.
