El gobierno autonómico catalán ha encargado a las consejerías de Territorio y Sostenibilidad y de Economía, la evaluación de las "posibles consecuencias" que la nueva regulación "puede tener para la competitividad" del aeropuerto barcelonés de El Prat.
En concreto, se considera poco justificada la calificación de la red de aeropuertos como Servicio de Interés Económico General (SIEG), incluida en el nuevo modelo de gestión de aeropuertos y la privatización parcial de Aena.
Además, la Generalitat cree que se trata de un modelo de regulación "monopolístico, centralizado y basado en subsidios cruzados" que, a juicio del gobierno autonómico, "impedirá la competencia entre los aeropuertos españoles y a nivel internacional, y perjudicará los intereses económicos y comerciales del territorio catalán".
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ya recomendó que la privatización de Aena se desarrollara a través de lotes de aeropuertos y consideró oportuno que los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en la actualidad los dos de mayor tamaño y presencia internacional, recayeran en lotes separados. Además, se valoraba que para que la liberalización tuviese plenos efectos positivos "sería preciso posibilitar una gestión más flexible de los aeropuertos individuales".
Por su lado, el pasado mes de julio, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) defendió que una gestión descentralizada de los aeropuertos garantizaba una mayor competencia.
Dentro del acuerdo del gobierno autonómico en esta materia, se ha incluido la presentación de las "potencialidades" del aeropuerto de Barcelona y las estrategias que ha puesto en marcha para mejorar su posición internacional a los nuevos accionistas y al Consejo de Administración de Aena.
En este sentido, se detalla que se elaborará un plan de actuación para "responder a las cuestiones vinculadas al desarrollo aeroportuario que sean relevantes para Cataluña".