El Pleno del Tribunal Constitucional del pasado 28 de noviembre decidió admitir a trámite un recurso presentado por el Grupo Parlamentario Vox contra el Real-Decreto Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, publicado oficialmente el 1 de agosto pasado.
El Constitucional ha admitido este recurso al llegar presentado, como determina la legislación, por un mínimo de cincuenta diputados.
Sin embargo, esta medida no afecta de momento a la aplicación de las medidas que contiene la norma, que, en todo caso, seguirán en vigor mientras no se pronuncie el Constitucional, algo que no se producirá, según estima Fenadismer, hasta pasados unos años.
En concreto, Vox pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los aspectos del Real-Decreto Ley que regulan las menciones obligatorias de la carta de porte y la determinación del coste efectivo individual de prestación del transporte por el porteador efectivo.
De igual manera, el grupo político también pone en cuestión la tipificación como infracción muy grave en la LOTT del pago del transporte por debajo de costes siempre que exista asimetría entre las partes del contrato.
Fenadismer estima que no habrá un pronunciamiento sobre su contenido por parte del Alto Tribunal hasta que transcurran varios años, en base al considerable retraso judicial que sufre la alta institución, ya que acumula casi medio centenar de cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolver.
