El Congreso de los Diputados ha votado en contra de la propuesta de incrementar a 44 toneladas el peso máximo permitido en los vehículos de transporte de mercancías, al igual que las asociaciones de transportistas, que se oponen a la medida.
Este miércoles 25 de Septiembre se ha debatido en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por Convergencia i Unió en la que instaba al Gobierno a modificar el actual Reglamento General de Circulación con el fin de permitir las 44 toneladas como masa máxima permitida a los vehículos de transporte de 5 o más ejes.
La propuesta plantea como motivos que justifiquen la necesidad de aprobar dicha modificación sus “significativos beneficios tanto económicos, sociales como medioambientales”, añadiendo que las empresas cargadoras en los distintos ámbitos productivos buscan una mejora de su eficiencia, por lo que a juicio de dicho grupo político el incremento a las 44 toneladas “es una hipótesis de trabajo que va ganando terreno de forma paulatina”.
Cabe recordar que el ejecutivo catalán aprobó en enero de este año de forma unilateral un “proyecto experimental” que concluirá a finales de este mes de septiembre, por el que autoriza a los vehículos de transporte alcanzar las 44 toneladas en trayectos dentro de la comunidad autónoma, lo que ha sido recurrido por las asociaciones de transportistas por carecer de competencias para ello y por romper la unidad de mercado.
Tras el debate, el resto del arco parlamentario se ha opuesto a dicha proposición no de ley, planteando por el contrario la necesidad de no adoptar dicha medida sin previamente realizar un estudio sobre las consecuencias de dicha medida para los diferentes sectores afectados. También se solicita que dicha medida se lleve a cabo de forma unitaria en el ámbito de la Unión Europea.
Por su parte, las asociaciones de transportistas en la reunión celebrada este mismo miércoles en el Ministerio de Fomento, acordaron rechazar igualmente dicha medida y solicitar al Gobierno que exponga al sector cuáles son sus planteamientos en este ámbito.
La implantación de dicha medida tendría consecuencias muy negativas tanto en el sobredimensionamiento de la flota española de transporte, incongruente con la actual situación de recesión económica, y que asimismo agravaría de forma importante el deterioro que actualmente padece la infraestructura viaria.