PlaZa pagó a Agapito Iglesias los 8,7 millones de euros que Autocity le debía.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de prisión al empresario Agapito Iglesias, al ex gerente de PlaZa Ricardo García Becerril, y al ex viceconsejero de Obras Públicas del gobierno aragonés Carlos Escó, por malversación de caudales públicos en el presunto sobrecoste de la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza.
Estos tres acusados han quedado absueltos de los otros delitos que se les imputaban, mientras que la cuarta persona que figuraba como acusada, el ex director técnico de PlaZa Miguel Ángel Pérez Cervantes, ha sido absuelta.
La Justicia ha establecido la cantidad de lo malversado en 8,7 millones de euros, importe que los tres imputados deberán devolver de forma conjunta a PlaZa. Esta cantidad se aleja mucho de los 147,3 millones de euros que calculó Anticorrupción, así como de los 156 millones de euros que exigía la plataforma logística en su acusación particular.
Las condenas de la Audiencia Provincial también se alejan de los 23 años de prisión que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para García Becerril y de los siete años y ocho meses que pedía para Carlos Escó.
Coautores del delito de malversación
La Audiencia Provincial considera a García Becerril y a Escó, coautores materiales del delito de malversación de caudales públicos,al ser ambos los que firmaron cuatro pagarés, cuyo importe total ascendía a 8.710.140,80 euros, que no debían haber pagado a Agapito Iglesias, siendo conscientes de que no podían hacerlo al no corresponder a PlaZa, si no a Autocity, asumir esta deuda.
Por su parte, Iglesias ha sido condenado como coautor del mencionado delito por actuar con evidente ánimo de lucro ilícito, al obtener el pago de los 8.740.140,80 euros a costa de PlaZa. La sentencia señala a Iglesias como "inductor" al no tener la cualidad de funcionario público, indicando que presionó a los acusados "hasta convencerles" de que le pagaran las cuatro facturas.
En lo que respecta a Miguel Ángel Pérez, la Justicia considera que nada tuvo que ver con las cuatro facturas ni con el libramiento de esos cuatro pagarés, ya que no certificó el ajuste de las mismas a los trabajos en ellos aludidos.
Los tres condenados a prisión también han sido condenados a la pena de inhabilitación absoluta por plazo de diez años, mientras que han quedado absueltos que se les imputaban por las acusaciones: delito societario, estafa, apropiación indebida y administración desleal.