El sector del transporte es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en España. De hecho, en 2019 fue responsable del 29,1% del total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, el transporte por carretera fue el mayor emisor, con un 26,8% del total nacional. Así pues, para que España pueda cumplir sus objetivos y compromisos en materia de energía y clima a nivel estatal, europeo e internacional, es prioritaria la descarbonización del transporte.

Pese a ello, el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible no incluye en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad antes de 2050. Tampoco contiene objetivos ambiciosos e intermedios de reducción en 2030 y 2040 en relación a los niveles existentes en 1990.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que esta nueva norma permitirá que las políticas de transporte público y movilidad de las distintas administraciones respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: sostenibilidad, digitalización, cohesión social y vertebración territorial.

En este contexto, Ecodes, junto a entidades como Transport & Environment, la Fundación Renovables o CCOO, organiza el 6 de julio un diálogo abierto con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, promotor del texto, y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de las políticas de lucha contra el cambio climático y la transición energética.