La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, una sanción de 32 millones de euros por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.
Las sanciones impuestas varían en gran medida entre las petroleras, imponiéndose a Repsol la mayor multa, de 20 millones de euros, y a Cepsa otra sanción de 10 millones.
Esta resolución de Competencia es consecuencia de las inspecciones realizadas por la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNC), ahora integrada en la CNMC, en las dependencias de varias compañías del sector entre los días 22 y 23 de julio de 2013.
En el marco de dicha investigación se abrieron dos expedientes, uno de tipo horizontal, en el que se estudiaba posibles coordinaciones entre empresas competidoras, y otro vertical, en el que se analizaba la posible fijación de precios a estaciones de servicio a través de condiciones comerciales.
Por otro lado, además de la sanción impuesta este miércoles 25 de febrero y la resolución del expediente vertical, Competencia también tiene cerrado el expediente acerca de los incumplimientos por parte de Repsol, Cepsa y BP de una resolución de 2009 sobre la fijación indirecta de precios a empresarios independientes.
Este expediente dio origen a varias peticiones de recusación del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y de dos consejeras planteadas tanto por Cepsa como por Repsol. La segunda de estas peticiones fue rechazada el pasado viernes 20 de febrero por el Pleno de la CNMC, mientras que la primera quedó desestimada en la Sala de Competencia del organismo.
Repsol había pedido que se apartase de un expediente sancionador en su contra tanto a Marín Quemada como a las consejeras María Ortiz e Idoia Zenarrutzabeitia por mostrar una "enemistad manifiesta", una "pérdida de imparcialidad objetiva" y un "sentimiento personal de rechazo".
Por su parte, Meroil en un comunicado distribuido tras conocerse la resolución de la CNMC, negaba las acusaciones de "haber sido parte en ningún pacto ó acuerdo de fijación de precios suscrito con otras compañías petrolíferas", y anunciaba "que procederá a interponer los recursos y a ejercitar las acciones judiciales procedentes en defensa de sus intereses".