Durante los primeros días de marzo, la mayoría de los trabajadores de Transportes Buytrago extinguirán su relación laboral con el grupo de empresas, con reconocimiento de los salarios a fecha de efecto de la extinción, un año después de que los responsables de este grupo decidieran cerrar.
Desde CCOO, sindicato que interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional, se considera que no existía otra solución que la extinción de los contratos, ante la imposibilidad de cumplir la “ejemplar sentencia” dictada por la AN, que resolvió la nulidad de las actuaciones de la empresa en la tramitación del ERE con el que "pretendía deshacerse de la plantilla".
La nulidad no era ejecutable en sí misma, al estar la empresa en concurso de acreedores de liquidación y sin actividad que permitiera a los trabajadores cobrar sus salarios, colocándolos en el "limbo" laboral que supone estar dado de alta en una empresa, con la imposibilidad de cobrar el desempleo así como una búsqueda activa de empleo.
Abono de las deudas contraídas con la plantilla
De las 892 personas que fueron incluidas en el ERE, 615 recurrieron a CCOO para tramitar la extinción del contrato, por lo que ahora el sindicato tiene que "hacer el máximo esfuerzo" para que Buytrago abone las deudas contraídas con la plantilla.
Según el sector de carretera de FSC-CCOO, en este punto del proceso "se tiene que implicar la administración concursal, máximo exponente en la tarea tanto de la liquidación del patrimonio empresarial como en la de depurar las responsabilidades que han tenido los empresarios con su mala gestión”.
En concreto, se sostiene que "los hechos vienen dando la razón" al sindicato, ya que las decisiones tomadas por la empresa han sobrepasado "con mucho la mera definición de inadecuadas, mala gestión o crisis, siendo las propias de un concurso culpable, tal y como se puede deducir de la misma sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se condenó solidariamente a todo el entramado empresarial”, se ha afirmado desde CCOO.
El sindicato continuará trabajando en este proceso, al haberse personado en el concurso de acreedores con el objetivo de "defender eficazmente" los intereses del conjunto de los trabajadores del grupo de transportes.