La Generalitat quiere adaptar su sistema portuario al incremento del tráfico de cruceros y la consolidación del movimiento de mercancías.
A la vista del incremento generalizado de la actividad económica y la transformación del sector portuario que están viviendo los puertos catalanes, la Generalitat de Cataluña se ha propuesto reformar el régimen jurídico de los puertos, para optimizar este sector clave de las infraestructuras.
En los últimos años, los puertos de la comunidad han contado con una mayor presencia de la iniciativa privada y también se han producido cambios de carácter cualitativo en los tránsitos portuariosasociados a los buques, a los pasajeros y a las mercancías.
Así mismo, los recintos portuarios catalanes vienen aumentado a cada vez más cruceros turísticos, mientras que, al mismo tiempo, el transporte de mercancías se consolida, lo que conlleva nuevas necesidades de espacio para las empresas del sector.
Nuevos retos
Todas estas circunstancias aconsejan reformar la legislación portuaria de Cataluña para dar respuesta a los nuevos retos que presenta este sector y reforzar la concepción de los puertos como operadores económicos y prestadores de servicios.
En este sentido, la nueva Ley busca articular un sistema portuario adaptado a las nuevas realidades socioeconómicas de la autonomía, fija un régimen jurídico contractual adecuado para el fomento de las inversiones en las infraestructuras y los servicios portuarios y garantiza la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y de las actividades que se desarrollan en ellas.
Más concretamente, la norma establece el régimen para la planificación, ordenación y construcción, la organización administrativa portuaria, el régimen demanial y contractual, los servicios en los puertos, y, finalmente, el régimen económico y financiero del sistema portuario catalán.
Esta regulación entra en vigor el próximo 30 de marzo, salvo el régimen económico-financiero del sistema portuario, que ya lo hizo el pasado 1 de enero.