La Junta de Castilla y León ha presentado recientemente su plan de inspección en el transporte para 2023.
Este programa tiene como objetivo principal luchar contra las malas prácticas que promueven la competencia desleal, mediante la reducción de costes de forma fraudulenta, o el incremento de los riesgos en la carretera, al no respetar los tiempos de conducción y descanso.
Al mismo, las autoridades castellanoleonesas pretenden con este instrumento promocionar, modernizar y hacer más competitivo el sector del transporte por carretera en Castilla y León.
El Plan de Inspección 2023 contempla tres novedades con respecto a los anteriores, como son, en primer lugar, el control de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores profesionales.
La segunda novedad reside en el control de la morosidad, para que se cumpla el pago del porte dentro del período determinado por la ley y que está establecido en sesenta días a través de comprobaciones de la facturación de las empresas y los justificantes de pago de cada una de las facturas emitidas correspondientes a los servicios de transporte.
Y la tercera y última se centra en el control del precio del transporte con el fin de garantizar que el precio del porte sea superior al de los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista.
En este ámbito se controla que los contratos se documenten por escrito, apareciendo expresamente el precio acordado con referencia a los gastos que supone la prestación del servicio, así como que el precio convenido se refleja en las cartas de porte, así como en los documentos en los que figure.
El año pasado se realizaron un total de 28.592 actuaciones, tanto en carretera como en empresas, y se registraron 17.180 infracciones, la mayor parte de ellas relativas a tiempos de conducción y descanso con casi el 82% del total.
