La fecha fijada para esa reunión, adelantada por José Llorca a cadenadesuministro.es, ha sido fijada para el próximo martes 20 de noviembre. A ella acudirá la comisión técnica creada tras la reunión mantenida el pasado martes 24 de octubre en Puertos del Estado por parte de los tres principales sindicatos de la estiba y Anesco con el presidente del organismo público, para conocer de primera mano las objeciones que la Unión Europea pone a la actual legislación portuaria española.
La Comisión Europea envió el pasado 1 de octubre un dictamen motivado en el que se consideraba que las disposiciones de la legislación española que exigen que las empresas estibadores que operan en los puertos de interés general españoles participen en el capital de una SAGEP y no les permiten recurrir al mercado para contratar su propio personal , ya sea de forma permanente o temporal, a menos que la mano de obra propuesta por la SAGEP no sea idónea o sea insuficiente, suponen una restricción de la libertad de establecimiento en la medida en que hacen menos atractivo el ejercicio, por parte de otros nacionales de la UE, de la liberad de establecimiento garantizada por el Tratado.
Por ello, la Comisión ha considerado que España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 49 del TFUE e “invita a España a que adopte las medidas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo“, es decir que tiene de tiempo máximo para modificar la Ley de Puertos hasta el próximo 1 de diciembre.
Compás de espera
Tras las reuniones mantenidas entre los directamente implicados, como son los sindicatos mayoritarios de la estiba, Coordinadora, UGT y CC.OO. junto con la patronal Anesco y Puertos del Estado y la posición manifestada por José Llorca, presidente de Puertos del Estado, en el sentido de que no se iba a tomar ninguna iniciativa unilateral, al entender que la ley se alcanzó mediante pacto y “esperamos mantenerlo igualmente en cualquier reforma”, finalmente se decidió acudir a Bruselas para conocer cuáles son las líneas rojas, que al respecto se han traspasado en la legislación española.
En este compás de espera que se abre hasta la cita del 20 de noviembre, el pasado sábado se publicaban en el BOE las categorías profesionales aprobadas por el ministerio de Fomento, exigibles para la manipulación de mercancías en los puertos.
Con la orden ministerial Fomento busca la profesionalización de los trabajadores que intervengan en la realización de las actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías, mediante la exigencia de una de las titulaciones que se relacionan, “cuya posesión facilitará la empleabilidad de los trabajadores en un entorno que demanda una adaptación constante”, detalla el anuncio oficial.
La determinación de las titulaciones ha sido consultada con los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas del sector. También han sido “oídas” las autoridades portuarias.