La CE intenta así adoptar una propuesta que permita cumplir con los objetivos de la Directiva de Calidad de los Combustibles aprobada en 2009, que marca una reducción del 6% en la intensidad de los gases de efecto invernadero para los combustibles y otras fuentes de energía suministrada para los transportes.
La propuesta de la CE establece un método para calcular la intensidad del carbono del fuel, gasolina, diesel, gas licuado en petróleo o gas natural comprimido, que consiste en asignar a cada uno de estos tipos de combustible un valor predeterminado basado en las emisiones producidas a lo largo de todo su ciclo de vida.
Los proveedores tendrán que usar estos valores, cuando informen de la intensidad del carbono de la provisión de sus combustibles a las autoridades de sus Estados miembro, para asegurar el cumplimiento de esa reducción del 6%.
La CE propone a los proveedores el uso de biocombustibles y electricidad sostenible o, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante las extracciones de combustibles fósiles, para alcanzar el objetivo de reducción propuesto.
La propuesta inicial no pudo salir adelante, como consecuencia de la resistencia que opusieron algunos Estados miembro, sin embargo, para la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, "la CE está hoy dando otro impulso para intentar y asegurar que, en un futuro, haya una metodología y, por tanto, un incentivo para elegir combustibles menos contaminantes por encima de los mas contaminantes".
Por eso, ha recomendado además que los Veintiocho adopten esta medida y mantengan así las garantías necesarias que permitan usar combustibles más limpios.
Respaldo ecologista a la propuesta
Por otro lado, la ONG ecologista Transport & Environment, ha respaldado la decisión de la CE, aunque recalcó que llega con un retraso de cinco años, ya que la Directiva de Calidad de los Combustibles fue adoptada en 2009.
Actualmente se está trabajando con normas más estrictas que permitan incrementar la transparencia respecto al tipo y origen de combustibles que usan los transportes que están en las carreteras de la Unión Europea (UE).
Ahora, la propuesta tendrá que ser aprobada, en un máximo de dos meses, por los Veintiocho y pasar después al Parlamento Europeo para su votación.