La Comisión Europea ha enviado este jueves 26 de marzo un dictamen motivado a España, lo que supone la segunda fase de un procedimiento de infracción, por no aplicar correctamente la directiva de la UE sobre energías renovables, en particular en materia de biocarburantes.
Las normas europeas fijan un objetivo del 10% de energías renovables en el sector transporte, un ámbito en el que los biocombustibles pueden utilizarse con dicho fin, pero a condición de cumplir una serie de exigencias en materia de sostenibilidad.
Así, prohíben que los biocombustibles se produzcan en zonas con gran valor en materia de biodiversidad, como los espacios protegidos, ni en zonas que contienen grandes reservas de carbono, como las forestales.
Además, este carburante también tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un modo significativamente mayor que los combustibles fósiles.
En contra de la directiva comunitaria, la legislación española suspende la aplicación de los criterios de sostenibilidad en España para alcanzar el objetivo en el transporte, con unas leyes nacionales que, además, tratan los biocarburantes sostenibles y las materias primas de diversos orígenes geográficos de distinto modo, lo que no está justificado para la Comisión.
Según el procedimiento habitual, las autoridades españolas disponen de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas, ya que de no aplicarlas, la Comisión podría llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.