El mismo día en que se inicia en el Parlamento la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, Feteia-Oltra ha dado a conocer al colectivo de empresas transitarias, a la CEOE y a los grupos parlamentarios sus observaciones a los mismos.
En primer lugar, Ateia, entiende que dado que el comercio exterior constituye ahora uno de los motores más importantes de la economía española, sería muy conveniente aumentar la dotación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) previsto en el artículo 60 del Proyecto de Ley.
La organización también entiende que es “imprescindible” en estos momentos no afectar todavía más a la capacidad de financiación de Pymes y autónomos “obligándoles a pagar el IVA con independencia de si ha tenido lugar o no el pago de la correspondiente factura”. En este sentido, Feteia recuerda que el programa del PP para las elecciones de 2011 recogía que dichos agentes económicos no tendrían que pagar el impuesto hasta que efectivamente se hubiera efectuado el cobro de las correspondientes facturas.
Consiguientemente, “consideramos que hay que incorporar esta previsión en la sección 1ª (“Impuesto sobre el Valor Añadido”) del capítulo II (“Impuestos Indirectos”) del título VI del Proyecto de Ley; máxime teniendo en cuenta que la reciente Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, autoriza a que el IVA se liquide por el principio de caja".
Recentralización portuaria
La asociación también destaca que el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos establece que con objeto de que se pueda garantizar el principio de autosuficiencia económico-financiera cada Autoridad Portuaria podrá proponer tres coeficientes correctores que se aplicarán respectivamente las cuantías básicas de las tasas del buque (T-1), del pasaje (T-2) y de la mercancía (T-3), con los límites, entre otros, de que no podrán ser superiores a 1,30, y de que la diferencia entre coeficientes no podrá ser mayor que 0,30.
Sin embrago, el artículo 76 de los PGE 2013 cifra estos coeficientes para las diferentes Autoridades Portuarias, lo que sin duda da lugar a una “recentralización” que Ateia entiende “puede interferir negativamente en la autonomía de cada Autoridad Portuaria para configurar su propio Plan de Empresa en función de su estructura de costes”. Por ello, el expresado artículo 76 tendría que ser suprimido dejando plenamente en vigor el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos.
En cuanto a las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía (artículo 77) “habría que atenerse estrictamente a lo que disponen los artículos 182 y 245 del Texto Refundido de la Ley de Puertos, sin pasar a concretar dichas bonificaciones tal como se hace en el anexo IX del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales".
Por último, respecto a los organismos, personas, fondos, entidades y fundaciones que integran el sector público estatal y que se detallan en los anexos X al XIV del mencionado Proyecto de Ley, Ateia cree que habría que reconsiderar la conveniencia o necesidad de mantener alguno o algunos ellos, en la medida en que sus funciones u objetivos o "bien quedan fuera de contexto en las actuales circunstancias o bien pueden ser absorbidos por otro u otros, con el consiguiente ahorro de recursos públicos".