Anesco ha remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un total de cinco alegaciones para incluir al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima.
La organización empresarial de empresas estibadores estima que este proyecto legislativo incorpora una serie de adaptaciones en la regulación del sistema portuario de titularidad estatal que afectan directamente a sus interesesy a la operativa de las terminales.
Anesco aboga por introducir modificaciones en la norma que contribuyan a la consecución de un uso más eficiente de los puertos, el incremento de la competitividad y la mejora de la calidad medioambiental y de emisiones.
Especialmente, la patronal pide que se de mayor flexibilidad en la determinación de la fecha de inicio del cómputo de los plazos concesionales y de su suspensión y que se introducirán métodos alternativos para el cálculo de la base imponible en relación a la valoración de los terrenos, infraestructuras, superestructuras e instalaciones, así como en el cálculo de la depreciación y la vida útil, ante la disconformidad con las propuestas en el anteproyecto.
Además, Anesco también propone un incremento de la bonificación prevista por la realización de muelles, pantalanes, duques de alba, otras obras de atraque amarre y dragados, así como la aclaración de que aquellas bonificaciones que tengan su origen en actuaciones acometidas por el concesionario con posterioridad al otorgamiento podrán mantenerse durante el periodo de prórroga, así como que se elimine la discrecionalidad de las Autoridades Portuarias respecto a la revisión de la tasa de actividad en caso de modificación sustancial de la concesión y que todo ajuste de gravamen responda a razones objetivas motivadas y no a meros criterios discrecionales o de oportunidad.
Finalmente, la organización solicita que se aclare en la normativa si se podrá optar a prorrogar su plazo concesionalen aquellas concesiones otorgadas a perpetuidad, por tiempo indefinido o por plazo superior a 35 años.
